El inminente inicio de un nuevo período lectivo se manifiesta en múltiples acciones de preparación del sistema para encarar la tarea que se extiende hasta diciembre de cada año.
Opinión11/02/2020
Solo para mencionar algunas de ellas se destacan en estos días la paritaria docente y la decisión de incluir a beneficiarios de planes sociales en los trabajos de mantenimiento de los edificios escolares. Particularmente en Salta se suma el proceso de titularización que involucra a unos tres mil maestros.
De lo que no hay señal alguna es de medidas que apunten a mejorar la calidad de la educación argentina. En este tramo del año alcanza con que las clases se inicien y para ello es importante que se negocie apropiadamente el salario de los docentes. Con escuelas en plena actividad, desde algunos sectores podrá luego expresarse la demanda de mejorar –especialmente- la relación de la educación con el mundo de trabajo; también hay quienes exigirán, al menos, corregir falencias que generalmente son detectadas por evaluaciones nacionales e internacionales.
No faltan aquellos que advierten lo que muestran estadísticas con escasa difusión. Apenas al pasar, desde el Gobierno se asume algún compromiso de achicar la diferencia entre el ingreso y el egreso de cada cohorte que transita dos quinquenios entre los niveles primario y secundario. La obligatoriedad no es estricta y nadie da razones de la deserción que se registra en ambos; mucho menos se explica el destino de los que abandonan las aulas.
La educación es función primaria de la familia pero la formal, es responsabilidad del Estado. De todas maneras, ni una ni otro asumen su vinculación con ese abandono. Uno no da explicaciones ni la otra las pide; no hay un trabajo conjunto en el que los niños y jóvenes sean el objeto del esfuerzo.
La última medida adoptada por el gobierno nacional reduce exigencias que apuntaban a promover la concurrencia a la escuela y la permanencia dentro del sistema. Ayer se conoció que la Anses dispuso facilitar los trámites para el cobro de la asignación por ayuda escolar anual, que perciben quienes tienen hijos de entre 4 y 17 años de edad. Por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el organismo estableció que para cobrarla no será necesaria la presentación del certificado de escolaridad correspondiente al ciclo inmediato anterior. La razón quedó protegida por el paraguas de la ley de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, declarada a fines del año pasado.
Fue en 2019 que se estableció que debía presentarse el certificado que acredite la condición de alumno regular del establecimiento educativo hasta el 31 de diciembre de cada año, pero ahora ese requisito fue eliminado. La asignación por ayuda escolar anual consiste en el pago de una suma de dinero que se hace efectiva en marzo de cada año, y se abona por cada hijo que concurra regularmente a establecimientos de enseñanza básica y polimodal o bien, cualquiera sea su edad, si concurre a establecimientos oficiales o privados donde se imparta educación diferencial.
No se hacían diferencias si se trataba de beneficiarios de la AUH o de un trabajador formal en cualquier línea de la actividad económica. La necesidad del Gobierno de que unos 6 millones de niños perciban en forma masiva esa asignación el próximo mes superó el interés por garantizar que sus padres se esfuercen por asegurarles educación, especialmente cuando el beneficio llega de la mano de un subsidio.
En el mejor de los casos, se dio un paso atrás.
Salta, 11 de febrero de 2020
Cierra otra semana en la que el protagonismo de los gobernadores fue un dato excluyente. El Ejecutivo nacional trata de alcanzar acuerdos por las reformas que propone y, en general, los gobernadores muestran predisposición a negociar, entendiendo que todavía están lejos de ver cubiertas sus demandas.
El fenómeno del “borocotismo”, nacido como una rareza política en 2005, se volvió parte del paisaje habitual de la dirigencia argentina.
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
El presidente del IMAC, Fernando Saavedra, negó las acusaciones del médico Edmundo Falú y sostuvo que existen pruebas que demuestran su participación profesional en la clínica.
El presidente del directorio del IMAC, Fernando Saavedra, afirmó que desde el propio Gobierno interpretaron la suspensión de prestaciones al IPS como un movimiento político. Negó vínculos partidarios y aclaró su relación con el senador.
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.