Debilidad

Opinion 11 de febrero de 2020
El inminente inicio de un nuevo período lectivo se manifiesta en múltiples acciones de preparación del sistema para encarar la tarea que se extiende hasta diciembre de cada año.
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Solo para mencionar algunas de ellas se destacan en estos días la paritaria docente y la decisión de incluir a beneficiarios de planes sociales en los trabajos de mantenimiento de los edificios escolares. Particularmente en Salta se suma el proceso de titularización que involucra a unos tres mil maestros.  

De lo que no hay señal alguna es de medidas que apunten a mejorar la calidad de la educación argentina. En este tramo del año alcanza con que las clases se inicien y para ello es importante que se negocie apropiadamente el salario de los docentes. Con escuelas en plena actividad, desde algunos sectores podrá luego expresarse la demanda de mejorar –especialmente- la relación de la educación con el mundo de trabajo; también hay quienes exigirán, al menos, corregir falencias que generalmente son detectadas por evaluaciones nacionales e internacionales. 

No faltan aquellos que advierten lo que muestran estadísticas con escasa difusión. Apenas al pasar, desde el Gobierno se asume algún compromiso de achicar la diferencia entre el ingreso y el egreso de cada cohorte que transita dos quinquenios entre los niveles primario y secundario. La obligatoriedad no es estricta y nadie da razones de la deserción que se registra en ambos; mucho menos se explica el destino de los que abandonan las aulas.

La educación es función primaria de la familia pero la formal, es responsabilidad del Estado. De todas maneras, ni una ni otro asumen su vinculación con ese abandono. Uno no da explicaciones ni la otra las pide; no hay un trabajo conjunto en el que los niños y jóvenes sean el objeto del esfuerzo.

La última medida adoptada por el gobierno nacional reduce exigencias que apuntaban a promover la concurrencia a la escuela y la permanencia dentro del sistema. Ayer se conoció que la Anses dispuso facilitar los trámites para el cobro de la asignación por ayuda escolar anual, que perciben quienes tienen hijos de entre 4 y 17 años de edad. Por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el organismo estableció que para cobrarla no será necesaria la presentación del certificado de escolaridad correspondiente al ciclo inmediato anterior. La razón quedó protegida por el paraguas de la ley de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, declarada a fines del año pasado.

Fue en 2019 que se estableció que debía presentarse el certificado que acredite la condición de alumno regular del establecimiento educativo hasta el 31 de diciembre de cada año, pero ahora ese requisito fue eliminado. La asignación por ayuda escolar anual consiste en el pago de una suma de dinero que se hace efectiva en marzo de cada año, y se abona por cada hijo que concurra regularmente a establecimientos de enseñanza básica y polimodal o bien, cualquiera sea su edad, si concurre a establecimientos oficiales o privados donde se imparta educación diferencial.

No se hacían diferencias si se trataba de beneficiarios de la AUH o de un trabajador formal en cualquier línea de la actividad económica. La necesidad del Gobierno  de que unos 6 millones de niños perciban en forma masiva esa asignación el próximo mes superó el interés por garantizar que sus padres se esfuercen por asegurarles educación, especialmente cuando el beneficio llega de la mano de un subsidio. 

En el mejor de los casos, se dio un paso atrás.

 

Salta, 11 de febrero de 2020

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