El inminente inicio de un nuevo período lectivo se manifiesta en múltiples acciones de preparación del sistema para encarar la tarea que se extiende hasta diciembre de cada año.
Opinión11/02/2020
Solo para mencionar algunas de ellas se destacan en estos días la paritaria docente y la decisión de incluir a beneficiarios de planes sociales en los trabajos de mantenimiento de los edificios escolares. Particularmente en Salta se suma el proceso de titularización que involucra a unos tres mil maestros.
De lo que no hay señal alguna es de medidas que apunten a mejorar la calidad de la educación argentina. En este tramo del año alcanza con que las clases se inicien y para ello es importante que se negocie apropiadamente el salario de los docentes. Con escuelas en plena actividad, desde algunos sectores podrá luego expresarse la demanda de mejorar –especialmente- la relación de la educación con el mundo de trabajo; también hay quienes exigirán, al menos, corregir falencias que generalmente son detectadas por evaluaciones nacionales e internacionales.
No faltan aquellos que advierten lo que muestran estadísticas con escasa difusión. Apenas al pasar, desde el Gobierno se asume algún compromiso de achicar la diferencia entre el ingreso y el egreso de cada cohorte que transita dos quinquenios entre los niveles primario y secundario. La obligatoriedad no es estricta y nadie da razones de la deserción que se registra en ambos; mucho menos se explica el destino de los que abandonan las aulas.
La educación es función primaria de la familia pero la formal, es responsabilidad del Estado. De todas maneras, ni una ni otro asumen su vinculación con ese abandono. Uno no da explicaciones ni la otra las pide; no hay un trabajo conjunto en el que los niños y jóvenes sean el objeto del esfuerzo.
La última medida adoptada por el gobierno nacional reduce exigencias que apuntaban a promover la concurrencia a la escuela y la permanencia dentro del sistema. Ayer se conoció que la Anses dispuso facilitar los trámites para el cobro de la asignación por ayuda escolar anual, que perciben quienes tienen hijos de entre 4 y 17 años de edad. Por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el organismo estableció que para cobrarla no será necesaria la presentación del certificado de escolaridad correspondiente al ciclo inmediato anterior. La razón quedó protegida por el paraguas de la ley de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, declarada a fines del año pasado.
Fue en 2019 que se estableció que debía presentarse el certificado que acredite la condición de alumno regular del establecimiento educativo hasta el 31 de diciembre de cada año, pero ahora ese requisito fue eliminado. La asignación por ayuda escolar anual consiste en el pago de una suma de dinero que se hace efectiva en marzo de cada año, y se abona por cada hijo que concurra regularmente a establecimientos de enseñanza básica y polimodal o bien, cualquiera sea su edad, si concurre a establecimientos oficiales o privados donde se imparta educación diferencial.
No se hacían diferencias si se trataba de beneficiarios de la AUH o de un trabajador formal en cualquier línea de la actividad económica. La necesidad del Gobierno de que unos 6 millones de niños perciban en forma masiva esa asignación el próximo mes superó el interés por garantizar que sus padres se esfuercen por asegurarles educación, especialmente cuando el beneficio llega de la mano de un subsidio.
En el mejor de los casos, se dio un paso atrás.
Salta, 11 de febrero de 2020
Múltiples mensajes transitaron estos días en que la Iglesia Católica dedica a celebrar la venida del Hijo de Dios al mundo. Son las jornadas en las que las familias argentinas se reúnen, dedicando tiempo para expresar afecto entre sus miembros y allegados. Todos forman parte de una comunidad que está atravesada por carencias e incertidumbres.
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.
Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.
Comienzan a correr las horas más rápidas del año. Muchos se han despojado de la carga que aún llevaban, al entender que se agotó el tiempo de alcanzar objetivos pero queda el tramo de determinar en qué punto cierra 2025.
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Luciano Herrera, el delantero de 29 años que será adquirido por la “Lepra” a cambio de U$S 1 millón por el 80% del pase, el otro 20% restante seguirá siendo de Defensa y Justicia.
Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
El Capítulo 2 del Presupuesto, que suscitaba grandes dudas dentro del espectro de los aliados, fue aprobado por 42 votos afirmativos , 28 negativos y solo dos abstenciones.
El apartado más controvertido del Presupuesto fue aprobado con apoyo de aliados del oficialismo. Incluye cambios en el financiamiento universitario y elimina porcentajes mínimos de inversión en educación y ciencia.