
Atravesada la mitad del año, la agenda de los gobernadores se va intensificando. Las dificultades financieras se están acumulando y necesitan respuestas a los reclamos presentados al gobierno nacional.
Retorna la actividad legislativa a la Provincia mediante un período extraordinario de sesiones. Contrariamente a lo que se aguardaba, el temario de la última convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo no incluye la emergencia sociosanitaria dispuesta por Decreto de Necesidad y Urgencia el 29 de enero último.
Opinión06/02/2020El Decreto 158, publicado hoy en el Boletín Oficial, apunta especialmente a cuestiones de orden fiscal, como un anticipo de lo que viene insinuándose como un eje vertebral de la política económica pero también incluye otra iniciativa, la ampliación de la Corte de Justicia, que está generando polémicas y quizás ocupe más tiempo en el debate que se va a generar en torno de los proyectos girados a la Legislatura.
En los considerandos del decreto referido se hace referencia al actual escenario económico, que obliga al Poder Ejecutivo a tomar medidas que considera de interés público a fin de alivianar la apremiante situación actual de aquellos contribuyentes que desean cumplir con sus obligaciones tributarias y también están interesados en realizar inversiones, pese a un panorama desalentador.
En definitiva, lo que propone el Ejecutivo Provincial es una nueva moratoria, que es más amplia que la que se había puesto en vigencia en setiembre pasado, pero apunta al mismo universo de contribuyentes. Vale recordar que hace cuatro meses atrás se estableció un régimen especial y transitorio de medidas de alivio fiscal, para intentar no ahogar con los tributos provinciales a las Pequeñas y Medianas Empresas, que ya estaban atravesando una situación crítica. Por entonces, el nivel de morosidad venía aumentando y era equivalente a un mes de recaudación.
Sin mayores cambios del marco económico, en las actuales circunstancias confluyen no solamente la complicada situación de las empresas sino también la necesidad de recaudación del Tesoro Provincial. De allí que se haya dispuesto habilitar un sistema de Regularización de Deudas Provinciales, que incluye –además de tributos- regalías mineras, canon de riego y obligaciones de origen laboral, por servicios, por cuota de préstamo o cualquier otro título o causa por las que el estado provincial resulte ser acreedor. Sus características no difieren de otras moratorias en cuanto a beneficios que promueven la adhesión y que van de la exención y condonación del 100% de los intereses resarcitorios y punitorios, recargos y multas en caso de pago de contado a un decrecimiento porcentual por el pago de planes de hasta 48 cuotas.
Para la micro, pequeña y mediana empresa, que son las beneficiarias, hay otros beneficios como un Programa de Beneficios para Contribuyentes Cumplidores, con lo que se pretende neutralizar las críticas y morigerar la tentación de eludir el pago de obligaciones tributarias en tiempo y forma, aguardando moratorias. En esa propuesta se incluye una reducción del 10% del impuesto a las actividades económicas.
Otra novedad es que para aquellos que necesiten crecer, se prevé programas de Fomento a la Creación de Empleo y de Incentivo en Capital de Trabajo y Microcréditos. En este último caso, se prevé destinar a ese un 30% de los recaudado con el plan de regularización de deudas, cerrando un círculo virtuoso que sostenga una actividad en caída en casi todos los rubros desde hace más de un trienio.
Como sea, son esfuerzos que se refieren y se limitan al tratamiento de situaciones de crisis. Todavía no emergieron las propuestas para el crecimiento en base a un plan de desarrollo de mediano y largo plazo.
Salta, 06 de febrero de 2020
Atravesada la mitad del año, la agenda de los gobernadores se va intensificando. Las dificultades financieras se están acumulando y necesitan respuestas a los reclamos presentados al gobierno nacional.
La semana pasada los gobernadores de todas las provincias argentinas propusieron un proyecto de ley planteando la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos para posibilitar que la Nación y las provincias destinen esos fondos de acuerdo a las prioridades de cada una.
Un fuerte clima de tensión política se está instalando en el país a medida que se acerca el último acto electoral del año. La renovación parcial del Congreso anima mensajes y movimientos que apuntan, según los casos, a sostener o mejorar la posición en ambas cámaras.
Muy activo se muestra el Ejecutivo Municipal capitalino interviniendo en la promoción de la actividad económica. Hay datos que justifican ampliamente el esfuerzo fiscal en este tiempo de crisis social.
Miembros del Ministerio Público Fiscal Federal salieron al cruce de una campaña de agresión contra jueces y fiscales que condenaron a la ex presidenta Cristina Fernández, que se canaliza a través de las redes sociales. Advirtieron que ponen en riesgo a la propia democracia.
Con un cronograma electoral que pone a la vista la renovación parcial del Congreso, el análisis de la actual situación del país queda atravesado por los comicios que se realizarán en octubre.
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