La morosidad del Congreso, del que se espera una decisión desde hace casi dos décadas, será reemplazada por un acuerdo entre las provincias de Salta y Catamarca para arreglar las diferencias limítrofes, que ponen en riesgo la continuidad de un emprendimiento minero de envergadura.

La ponderación positiva de este atajo es del vicegobernador Antonio Marocco, quien acaba de realizar gestiones ante el gobernador de la vecina provincia para avanzar en las próximas semanas en la conformación de una comisión que establezca parámetros de trabajo en materia territorial e impositiva. La decisión de solucionar cuestionamientos de difícil resolución, mediante la fuerza de hechos encarados desde el común acuerdo, pretende superar la tensión que actúa como limitante de un posible desarrollo por la utilización de recursos naturales en la zona minera que se extiende entre ambos estados. Todo otro intento, especialmente los que buscaron una resolución jurídica del diferendo, fracasaron rotundamente y no se conocen razones por lo que así suceda.

El problema se arrastra desde 1899 y el último reclamo formal fue presentado por Catamarca ante la Corte Suprema en 2007, por la supuesta explotación de yacimientos mineros que ambos estados reivindican como propios. El máximo tribunal de Justicia del país se tomó su tiempo para fallar recién en octubre de 2015, trasladando al Congreso la responsabilidad de establecer los límites entre ambas provincias.

Es que según la Constitución Nacional, es el Congreso Nacional, en su carácter de órgano directo y genuino de la soberanía nacional, el que debe establecer el límite separativo en los tramos que aún no han sido fijados, que comprende a los departamentos de Los Andes en Salta y de Antofagasta de la Sierra, al norte de Catamarca. Es una línea imaginaria que va desde el Cerro Ratones a Incahuasi, donde se encuentran propiedades mineras que incentivan el conflicto.

No es que ningún legislador nacional salteño se haya preocupado por agilizar la solución. Después del mencionado fallo de la Corte, el entonces diputado Guillermo Durand Cornejo, a través de un proyecto de ley propuso la creación de una comisión bicameral que fije los límites territoriales interprovinciales pendientes. Como antecedente tenía una iniciativa similar de la senadora Sonia Escudero, apuntando a delimitar la jurisdicción de cada provincia sobre esos territorios.

No es una mera cuestión de mojones; hay poderosos intereses económicos en juego. Por eso es que la pretensión de los gobernadores de Salta y Catamarca es la de formalizar acuerdos sobre aspectos que favorezcan la creación de fuentes laborales y generen ingresos para ambos estados pero de manera equitativa. Ese mismo marco debe servir para elaborar el proyecto de ley de límites, que es la solución de fondo.

Deben hacerlo los propios para evitar que ajenos impongan condiciones que se analizan en escenarios externos, como el Wilson Center de los Estados Unidos. El Triángulo del Litio genera tentaciones que no entienden de reivindicaciones territoriales.

Salta, 31 de enero de 2020