En conferencia de prensa hubo un anticipo por parte del Ministro de Gobierno, quien subrayó que se trata de una promesa electoral que Gustavo Sáenz cumplirá. De inmediato comenzó a movilizarse el arco político, dada la trascendencia de la iniciativa. Ya hay un trayecto transitado en 2018, cuando un grupo político le pidió al entonces gobernador Juan Urtubey que promueva tal reforma.
Hubo una ronda de consultas entre distintos sectores de la sociedad civil y pudo verificarse que el proceso podría avanzar no sin un debate profundo. Es que las miradas son múltiples y los objetivos variados, según desde qué lugar se realiza el análisis.
Hubo una postura opositora muy marcada y fue expresada por el Foro de Observancia de la Calidad Institucional. Se trata de un grupo de ciudadanos interesados en los temas de Estado, del que forman parte profesionales, ex funcionarios públicos y legisladores mandato cumplido. El FOCIS planteó en esa oportunidad la necesidad de un debate profundo y maduro, ampliamente participativo para lograr un proyecto de reforma consensuada de las instituciones.
Lo que advertía la entidad era que existía la pretensión de un grupo de cambiar algo para que nada cambie, sin admitir que “la Salta real atraviesa graves problemas de desarrollo social, educativo y económico”, decía en su pronunciamiento. Y allí quedó planteada una opinión respecto de una deliberación abierta sobre las instituciones de gobierno, de la que surja una propuesta de un giro radical en la forma de inserción de la provincia en la Nación y en el mundo, una transformación del modelo productivo, y cambios profundos en las políticas de inclusión, así como en los idearios colectivos en lo ambiental, cívico y urbanístico.
No hubo mayores avances hasta que el potente año electoral recientemente transcurrido dejó la iniciativa como compromiso de campaña de la alianza ahora en el gobierno. Y algunas ideas rodaron por los mensajes electorales, especialmente los vinculados a la duración de los mandatos y la renovación de los mismos; los candidatos a concejales cuestionaban el cepo de los dos años y los restantes, la infinitud de las reelecciones para algunos cargos como el de la jefatura comunal. Los resultados, en no pocos casos, dieron la razón a estos cuestionamientos ya que hubo cierta renovación en bancas legislativas pero también sonaron estrepitosamente las derrotas de intendentes casi vitalicios.
Ante la posibilidad cierta de debatir la necesidad de la reforma constitucional, ese punto aparece como el menos significativo. Las primeras opiniones han puesto la atención sobre otros aspectos de gran peso institucional, como la discusión respecto de la unicameralidad de la Legislatura Provincial. Más a fondo, también hubo apreciaciones sobre las falencias de la Constitución vigente, como la falta de incorporación de tratados internacionales que imponen derechos, la visión de género o la falta de equilibrio entre los poderes.
Lograr los acuerdos en torno de los aspectos a reformar es una etapa trascendente del proceso. Por ello no resulta prematuro ir preparando el sendero por donde debe transitar el debate legislativo.
La oportunidad ya está reconocida.
Salta, 07 de enero de 2020
