El Poder Judicial de Salta aumenta su presupuesto más de un 60%

El Alto Tribunal de Justicia realizó las estimaciones pertinentes en las partidas presupuestarias para habilitar el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial, Laboral y de Personas y Familia con asiento en Cachi, creado por ley 7885. 

También está previsto que durante el año que viene se habilite el juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia, y de Violencia Familiar con asiento en la ciudad de Embarcación, incluido en el Distrito Judicial de Tartagal.

Para el Distrito Judicial del Centro, la Corte de Justicia prevé habilitar: la Sala VIII del Tribunal de Juicio; los Juzgados del Trabajo 7 y 8 (Ley 7998). Además se integrará la Cámara de Apelaciones del Trabajo, según lo dispuesto en la ley 7998.

También está previsto habilitar juzgados en Tartagal, Orán y Metán.

En todos los Distritos de la provincia se integrarán 19 juzgados de Paz Letrados que fueron proyectados por Acordada 12158 de la Corte de Justicia. También será integrada la Oficina de Gestión de Audiencias en toda la provincia. Que coordinará las audiencias a realizar por los Tribunales de Juicio y los Juzgados de Garantías actuando como jueces unipersonales.

También está previsto continuar con la adecuación de la infraestructura de inmuebles e instalaciones, que permitirá garantizar el funcionamiento del servicio de justicia en sintonía con el incesante crecimiento de la demanda de la sociedad.

Agregaron los jueces de Corte, que el desarrollo informático planificado de las oficinas judiciales constituye un elemento esencial en la política de gestión judicial, por lo que en el marco de la difícil situación económica, se incluyeron para el ejercicio 2020 sólo las previsiones presupuestarias indispensables para su mantenimiento y continuidad.        

También consideraron en la Acordada que los guarismos consignados en el presupuesto “se ajustan a las necesidades del Poder Judicial y fueron estimados, como ha sido siempre la regla seguida por esta Corte, en un marco de prudencia y racionalización de recursos”.