En el mes del Milagro se vivirá un hecho judicial histórico. Se resolverá la situación de Ricardo Lona, ex juez federal, que está siendo juzgado por las irregularidades cometidas en la investigación por el secuestro y desaparición del exgobernador de Salta Miguel Ragone, el homicidio del testigo del hecho Santiago Catalino Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal, quien también presenció el hecho.
Opinión09/09/2019
Esta semana se transitará el último tramo de ese juicio, uno de los despertó grandes expectativas, por varias razones. La familia del ex mandatario tiene las suyas, aunque no es con este caso que podrá cubrir el mayor anhelo, que es el de encontrar sus restos. Las organizaciones de Derechos Humanos tienen las propias, que pasan por avanzar en el juicio y castigo de quienes escribieron las páginas más oscuras de la historia institucional contemporánea del país.
La mínima aspiración de este sector es lograr que se atienda a las referencias testimoniales expuestas en otros juicios y que apuntan al comportamiento del ex magistrado. Es que en el transcurso de este juicio hubo señales que el poder y la influencia de Lona no pareciera haberse disipado. Con ese ánimo, se observa positivamente la decisión de llevar a cabo las audiencias de alegatos y veredicto en la Sala de Grandes Juicios “Gobernador Miguel Ragone” de la Ciudad Judicial Provincial. La envergadura y el interés que despierta este juicio de lesa humanidad justifican que se facilite la asistencia de familiares, amigos de las víctimas de esos años y un público que entiende el valor histórico de estas jornadas.
A cuarenta años de los hechos -que en distintos puntos del país están pasando ahora por el tamiz del juzgamiento- el acompañamiento de la estructura judicial a las aberraciones del régimen militar se expresa con crudeza en la acción del ex magistrado durante ese tiempo. Era el único juez federal de Salta cuando los crímenes de lesa humanidad comenzaron a producirse antes del golpe de Estado del 24 de marzo 1976, como es el caso de Ragone, por lo que es válida la acusación de los familiares y querellantes de que nada habría sucedido sin su conocimiento o consentimiento. Los fiscales puntualmente destacaron que Lona cerró la investigación después de recibir el expediente policial y omitió pruebas relevantes, como por ejemplo citar a declarar a la testigo baleada durante los hechos.
El repaso de estos días, particularmente a partir de testimonios de ciudadanos salteños radicados en distintos puntos del mundo, da cuenta que ese magistrado permitió que las torturas en la Policía Federal y en la Central de la Policía de la Provincia fueran una cuestión generalizada. El hombre viejo que hoy se resiste a escuchar esos relatos repite la misma actitud que mantuvo cuando estaba en sus manos terminar con la barbarie.
Quienes tienen referencias del terrorismo de Estado a través de testimonio o relatos y no de la percepción directa del clima de restricción de derechos y libertades que reinó en la segunda mitad de la década del 70, pueden encontrar en este juicio una razón fundamental para que la dictadura destrozara el andamiaje institucional de la Nación. Fue la ausencia de Justicia, un valor esencial para que exista la democracia.
La tarea hoy es limpiar los resabios de esa violencia y evitar que se expresa en otros modos.
Salta, 09 de septiembre de 2019
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.
Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.
Comienzan a correr las horas más rápidas del año. Muchos se han despojado de la carga que aún llevaban, al entender que se agotó el tiempo de alcanzar objetivos pero queda el tramo de determinar en qué punto cierra 2025.
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
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