Uno de esos hechos fue la visita que la misión del Fondo Monetario Internacional realizó a su principal oponente, dándole trato de virtual presidente electo. Al término del encuentro, las declaraciones de Alberto Fernández convirtieron a la situación en un acto de campaña.

Y el otro episodio significativo fue la decisión de un importante grupo de gobernadores de la oposición de recurrir a la Corte de Justicia en contra el paquete de medidas "de alivio para el bolsillo" anunciadas por el mandatario nacional. Entre ellas figura Salta ya que, según manifestó el gobernador Juan Manuel Urtubey, provocarían a la provincia una reducción de recursos de casi 1200 millones de pesos hasta fin de año.

Los fiscales de Estado de 16 provincias se reunieron para acordar una acción conjunta, de lo que resultó la decisión de planteos individuales de inconstitucionalidad, que permitió que cada una disponga la presentación y le ponga su impronta. Salta fue una de las que avanzó en el trámite y lo endureció, al pedir una medida cautelar que impida el perjuicio de una retracción de recursos. Según lo explicó la fiscal Pamela Caletti, ante la dificultad de conocer en qué tiempo se resolverá la cuestión de fondo y ante la complicada situación económica del país, se buscó un camino para evitar que de un día para el otro se corte el  flujo de recursos previstos para sostener servicios esenciales.

La decisión del mandatario salteño sorprendió a propios y extraños ya que se reconocía su apoyo a la gestión nacional, para asegurar gobernabilidad. Al respecto se señaló que el  planteo no es contra de una medida que pueda tomar el Gobierno Nacional sino que sean las Provincias las que las financien, cuando esas decisiones deben ser sostenidas con recursos de Nación y siempre en el marco de la Constitución.

Con precisión, la Fiscal de Estado puso en el centro de la cuestión una actitud inconsulta, unilateral y violatoria de lo que establecen la Constitución y la Ley de Coparticipación. Concretamente se dispuso de recursos de la Provincia previstos en la Ley de Presupuesto, creando el riesgo de afectar la prestación de servicios esenciales.

No fue una reacción intempestiva de más de una decena de provincias. Se advirtió que la naturaleza de la decisión obligaba a una compensación mediante una negociación, aunque sea tardía. De la otra vereda se hizo notar que no había tal intención porque era inclaudicable la disposición de compensar a todo el pueblo argentino por el impacto de una devaluación, producto de un resultado electoral.

Esa visión muestra que hay una percepción clara que el segundo mandato ya no se discute y desde una posición endeble, se pretende imponer un esfuerzo compartido. La advertencia es que si no prospera, los costos los deberá pagar la próxima gestión.

Los tiempos de la Justicia necesariamente llevarán a que la resolución del conflicto impacte sobre el próximo turno de gobierno. Al momento de elegir, el ciudadano deberá atender este dato.

Salta, 27 de agosto de 2019