El presidente Mauricio Macri emergió de las PASO como un verdadero pato rengo. Su afán por lograr la reelección le ha configurado un complicado panorama en el tramo final de su primera gestión. Dos hechos prueban que ese propósito le está generando dificultades frente a una ciudadanía que lo observa más como un candidato que como la primera autoridad del país, lo que afecta su imagen presidencial.
Opinión27/08/2019Uno de esos hechos fue la visita que la misión del Fondo Monetario Internacional realizó a su principal oponente, dándole trato de virtual presidente electo. Al término del encuentro, las declaraciones de Alberto Fernández convirtieron a la situación en un acto de campaña.
Y el otro episodio significativo fue la decisión de un importante grupo de gobernadores de la oposición de recurrir a la Corte de Justicia en contra el paquete de medidas "de alivio para el bolsillo" anunciadas por el mandatario nacional. Entre ellas figura Salta ya que, según manifestó el gobernador Juan Manuel Urtubey, provocarían a la provincia una reducción de recursos de casi 1200 millones de pesos hasta fin de año.
Los fiscales de Estado de 16 provincias se reunieron para acordar una acción conjunta, de lo que resultó la decisión de planteos individuales de inconstitucionalidad, que permitió que cada una disponga la presentación y le ponga su impronta. Salta fue una de las que avanzó en el trámite y lo endureció, al pedir una medida cautelar que impida el perjuicio de una retracción de recursos. Según lo explicó la fiscal Pamela Caletti, ante la dificultad de conocer en qué tiempo se resolverá la cuestión de fondo y ante la complicada situación económica del país, se buscó un camino para evitar que de un día para el otro se corte el flujo de recursos previstos para sostener servicios esenciales.
La decisión del mandatario salteño sorprendió a propios y extraños ya que se reconocía su apoyo a la gestión nacional, para asegurar gobernabilidad. Al respecto se señaló que el planteo no es contra de una medida que pueda tomar el Gobierno Nacional sino que sean las Provincias las que las financien, cuando esas decisiones deben ser sostenidas con recursos de Nación y siempre en el marco de la Constitución.
Con precisión, la Fiscal de Estado puso en el centro de la cuestión una actitud inconsulta, unilateral y violatoria de lo que establecen la Constitución y la Ley de Coparticipación. Concretamente se dispuso de recursos de la Provincia previstos en la Ley de Presupuesto, creando el riesgo de afectar la prestación de servicios esenciales.
No fue una reacción intempestiva de más de una decena de provincias. Se advirtió que la naturaleza de la decisión obligaba a una compensación mediante una negociación, aunque sea tardía. De la otra vereda se hizo notar que no había tal intención porque era inclaudicable la disposición de compensar a todo el pueblo argentino por el impacto de una devaluación, producto de un resultado electoral.
Esa visión muestra que hay una percepción clara que el segundo mandato ya no se discute y desde una posición endeble, se pretende imponer un esfuerzo compartido. La advertencia es que si no prospera, los costos los deberá pagar la próxima gestión.
Los tiempos de la Justicia necesariamente llevarán a que la resolución del conflicto impacte sobre el próximo turno de gobierno. Al momento de elegir, el ciudadano deberá atender este dato.
Salta, 27 de agosto de 2019
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
Cierra una semana en la que el protagonismo de los gobernadores tomó cuerpo. Mientras el gobierno nacional mantiene abiertas las puertas de la Casa Rosada al diálogo con los mandatarios provinciales, desde el sector privado también se demandó de ellos definiciones sustanciales para su sostenimiento.
Ingresó a Legislatura el proyecto de ley que reorganiza la estructura del Poder Ejecutivo provincial. Se formaliza la figura de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con rango de ministro. Se fija un máximo de 30 Secretarías de Estado, entre otros puntos.
El rector de la UNSa, Miguel Nina, explicó en Aries que no llegó a utilizar la beca del 50% para un doctorado y que presentó por escrito su renuncia.
Una masiva falla en Cloudflare provocó caídas intermitentes en plataformas clave de todo el mundo. El incidente expuso nuevamente la fragilidad de la infraestructura que sostiene a millones de sitios y apps.
La denuncia presentada por el cardiólogo Edmundo Falú reveló el uso indebido de su firma en prestaciones que nunca autorizó, y la auditoría detectó posibles irregularidades en varias clínicas.
La fecha apunta a visibilizar problemáticas masculinas, mejorar las relaciones de género y destacar aportes positivos de los varones.