
El juez Pablo Mariño compartió los argumentos del Ministerio Público Fiscal y rechazó el pedido de libertad del exmagistrado y de un abogado, también acusado por el Ministerio Público Fiscal.
El Tribunal de Juicio de la Sala IV condenó a Santiago Alfredo Zambrani a la pena de prisión perpetua por resultar autor material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en perjuicio de Paola Álvarez.
Judiciales02/05/2019Por su parte, los padres Amelia Inés Huergo y Alfredo Francisco Zambrani, fueron absueltos por la “excusa absolutoria” que prevé el Código Penal para estos casos.
La sentencia a prisión perpetua trajo algo de alivio para los familiares de Paola Mariana Alvarez, pese a que también quería que los padres de Zambrani fueran condenados por ser partícipes secundarios del femicidio. La fiscalía había solicitado diez y doce años de prisión efectiva para Amelia Huergo y Alfredo Zambrani pero los jueces entendieron que debían ser absueltos por el artículo 185 del código penal argentino.
El abogado defensor de los padres, René Gómez dialogó con Aries y dijo que la fiscalía había detenido al matrimonio con el único objetivo de encontrar un culpable. “El fiscal hizo premonición porque inmediatamente cuando los detienen a los padres, sin saber que le pasó a Paola, les metió homicidio calificado porque no siguieron las instrucciones de la policía”, indicó.
Según Gómez, la excusa absolutoria los protegía a sus clientes y la fiscalía pretendía que ellos entregaran a su propio hijo y como no lo hicieron, los imputaron. “El objetivo era que al otro día apareciera el muchacho que ahora está condenado”, aseveró.
Por su parte, la querellante Josefina Arancibia contó que junto a su compañera, Gloria Cruz, esperaban una sentencia ejemplificadora para que la madre de Paola pueda hacer su duelo.
Consultada sobre la absolución del matrimonio Zambrani, Arancibia dijo que era algo que tenía previsto que ocurra. “Más que nada apuntábamos al tema del reproche en cuanto a la demanda civil porque entendemos que son responsables desde ese punto de vista. Sin embargo, desde la querella acompañamos el eje principal que era el hijo”, agregó.
Mónica Morales, madre de Paola, se abraza con familiares después de la sentencia.
Por último, la letrada dijo que es necesario esperar los fundamentos pero destacó la importancia de la perspectiva de género que tuvo el juicio. “Iniciamos nuestros alegatos aludiendo al género, para nosotros era importante para entender el contexto de discriminación estructural que gira en torno a estos casos que desencadenan en femicidio”, concluyó.
El juez Pablo Mariño compartió los argumentos del Ministerio Público Fiscal y rechazó el pedido de libertad del exmagistrado y de un abogado, también acusado por el Ministerio Público Fiscal.
Fue en el marco de un acuerdo pleno adoptado en un juicio abreviado, que homologó la jueza de garantías de Tartagal. Además, se le impuso una multa de $5.940.000 y se dispuso el decomiso de dinero y de los 1.058 pares de medias entre los que se escondía la droga.
El celular se abrió hace un mes por el expediente de violencia de género. Ahora los peritos también deberán buscar palabras clave y descargar chats sobre el caso de corrupción.
El decano de Ciencias Jurídicas de la UCASAL advirtió que la Constitución reformada no prevé con claridad los alcances de las renovaciones judiciales y puso en cuestión los criterios que permiten nuevas designaciones.
Es para proteger a los usuarios, evitar el acceso a plataformas no reguladas y preservar la política pública, se fundamentó.
Una investigación de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal a permitió desarticular una organización narcocriminal. En General Mosconi tenían un galpón donde acopiaban la droga dentro de neumáticos. Los paquetes tenían el logo de Ferrari y cada ladrillo de cocaína, el sello del delfín. Hay un prófugo.
El Ejecutivo Provincial envió el proyecto de ley para su tratamiento en las Cámaras legislativas.
El secretario de la ADP expresó su “más enérgico repudio” al proyecto del Gobierno provincial para excluir a los jubilados de la cobertura del IPS. Acusó al oficialismo de encubrir “negociados con clínicas” y adelantó que convocará a un frente gremial.
Julia Toyos aseguró que la iniciativa “es una locura”, “discriminatoria por vejez” y “vulnera derechos constitucionales fundamentales como el acceso a la salud”.
Minería, turismo, ingresos brutos a comercios, armonización y actualización del Código Fiscal, entre otras medidas.
El gobernador pidió tranquilidad y aseguró que el proyecto busca ordenar la normativa vigente y proteger a quienes hoy están en el sistema. Reclamó mayor control para evitar abusos y garantizar sostenibilidad.