Ivana Chañi
Los costos de contratación y las dificultades para sostener empleos registrados forman parte del debate sobre la informalidad laboral. El economista Gastón Carrazán, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNSa, planteó que en determinadas circunstancias a un empleador podría resultarle menos costoso afrontar una sanción que cumplir con todas las obligaciones laborales.
“A veces tal vez es más barato pagar una multa por tener un trabajador informal que tener el trabajador formal”, sostuvo en Cara a Cara.
El investigador estimó que la informalidad laboral ronda el 52% en Salta, aunque señaló diferencias importantes entre las actividades económicas.
Según explicó, en el comercio, principal generador de empleo privado de la provincia, la proporción se ubicaría alrededor del 60%, mientras que en la construcción podría superar el 75%.
Durante la entrevista, Carrazán fue consultado sobre si la contratación informal también representa una ventaja económica para las empresas que evitan afrontar los costos de registración.
El economista reconoció que mantener trabajadores sin registrar implica incumplir la ley y evadir obligaciones, pero sostuvo que las políticas públicas deberían ofrecer más incentivos para promover la formalización.
Planteó que, cuando las sanciones no están acompañadas por medidas que faciliten la contratación, algunos empleadores pueden evaluar que resulta menos costoso afrontar una multa.
Por eso, consideró que no alcanza únicamente con controles y sanciones, sino que también es necesario analizar la carga fiscal y los costos que enfrentan quienes generan puestos de trabajo.
Carrazán propuso avanzar en alivios fiscales para los empleadores, especialmente en un contexto de dificultades para el comercio y pérdida de puestos registrados.
“Una vez que una empresa cierra, ya no abre”, remarcó, al señalar las consecuencias del cierre de negocios sobre el empleo y la economía.
