Mariana Frías
El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla la actualización de salarios docentes y no docentes y de becas estudiantiles.
La decisión se produjo luego de que el magistrado considerara que no existe un cumplimiento total de la cautelar dictada en la causa. En la resolución, estableció un plazo “perentorio de cinco días” y advirtió sobre la posibilidad de aplicar astreintes, es decir, multas por cada jornada de demora.
La medida cautelar había sido dictada a fines de 2025 y posteriormente confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El 25 de junio de este año, la Corte Suprema desestimó una presentación del Estado nacional y dejó firme la decisión.
El conflicto se concentra en la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, relacionados con la recomposición de los salarios del personal docente y no docente y la actualización de las becas estudiantiles.
Según estimaciones de universidades y gremios del sector citadas en la información difundida, la recomposición salarial adeudada alcanza el 31,2%. En la última negociación paritaria, el Gobierno ofreció un incremento del 3%, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales. Distintas fuentes gremiales ubican el atraso salarial en porcentajes que varían según el cálculo utilizado.
En ese contexto, el conflicto universitario continúa con medidas de fuerza y una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el 15 de octubre, en reclamo por la aplicación de la ley y la recomposición de los ingresos.
