Iván Luis
La tensión institucional en torno a la implementación del nuevo régimen penal para menores escaló de manera contundente en las últimas horas, luego de que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad formalizara una apelación directa contra la resolución que había declarado inconstitucional la ley de baja de la punibilidad.
La presentación, impulsada por el fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil, no solo busca revertir el sobreseimiento de un adolescente de 14 años detenido en flagrancia tras un asalto callejero, sino que reclama explícitamente la recusación y el apartamiento de la jueza Laura De Marinis de la investigación en curso.
El trasfondo legal del conflicto se originó cuando la defensa oficial planteó la inconstitucionalidad del artículo 1 de la normativa vigente, que fija la responsabilidad penal de los adolescentes desde los 14 hasta los 18 años. Al hacer lugar al pedido de manera circunscrita al imputado, la magistrada fundamentó su decisión en el principio de no regresividad consagrado en la Constitución Nacional, argumentando que someter a un menor al fuero penal en lugar de priorizar el sistema de protección integral vulnera sus derechos adquiridos, y citó además recomendaciones de organismos internacionales sobre los estándares de edad mínima.
La postura judicial desató de inmediato un fuerte rechazo tanto en las fiscalías como en el arco político, donde figuras del ejecutivo porteño cuestionaron duramente lo que consideraron una intromisión en las atribuciones del Congreso de la Nación para legislar.
Desde el organismo fiscal se cuestionaron con firmeza los fundamentos esgrimidos en el fallo, señalando que la jueza confundió la vulnerabilidad social y la gravedad del delito con la validez constitucional de la norma, además de omitir identificar qué tratado o cláusula obliga a fijar el umbral de punibilidad en los 16 años.
Mientras la Cámara de Apelaciones se prepara para resolver un caso que pone a prueba los límites de la jurisdicción porteña frente a las modificaciones legislativas nacionales, el expediente continúa su curso bajo un clima de marcada polarización jurídica sobre el tratamiento institucional que debe recibir la delincuencia juvenil.
(Con información de La Nación)
