El Gobierno nacional evalúa ampliar el alcance de la futura Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para que las sanciones vinculadas con las Islas Malvinas no se limiten únicamente a la explotación de hidrocarburos y puedan alcanzar también a la actividad pesquera y otros negocios desarrollados sin autorización argentina.
La posibilidad fue discutida durante la última reunión de la mesa política del Gobierno y podría incorporarse al proyecto que actualmente atraviesa su etapa final de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica.
Hasta ahora, la ofensiva impulsada por Javier Milei estuvo concentrada principalmente en la Ley 26.659, que establece sanciones contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional.
Sin embargo, en Casa Rosada analizan extender ese criterio a otras actividades económicas que se desarrollan alrededor de las islas. Entre ellas aparece específicamente la pesca, una actividad para la cual las autoridades británicas de Malvinas otorgan licencias desde hace décadas.
La propuesta surgió también a partir de planteos de organizaciones vinculadas con el sector pesquero, que reclaman aplicar sobre esas operaciones un criterio similar al utilizado actualmente contra las compañías involucradas en el proyecto petrolero Sea Lion.
El Gobierno ya inició procedimientos sancionatorios contra 60 personas y empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas: primero fueron 45 y posteriormente se sumaron otras 15. Las actuaciones alcanzan a compañías, accionistas y proveedores de servicios.
La nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional fue anunciada por Milei como parte del paquete destinado a reforzar la posición argentina frente a la explotación de recursos naturales en las islas. El proyecto buscará endurecer sanciones y ampliar las herramientas administrativas, económicas y jurídicas disponibles para el Estado.
Si finalmente se incorpora la pesca, la iniciativa ampliará considerablemente el alcance de la estrategia oficial: el foco dejaría de estar exclusivamente en el petróleo para abarcar también otras actividades económicas desarrolladas en Malvinas sin autorización argentina.
El oficialismo pretende comenzar el tratamiento legislativo entre fines de septiembre y principios de octubre, aunque el articulado definitivo todavía no fue presentado en el Congreso.
