La discusión sobre el derecho a una muerte digna ganó fuerza en México, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió analizar si la prohibición absoluta de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido es compatible con derechos como la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad.
El máximo tribunal reasumió en junio la competencia sobre un amparo promovido por una mujer diagnosticada con cáncer de mama, quien cuestionó disposiciones de la Ley General de Salud que actualmente impiden acceder a la eutanasia. La Corte consideró que el caso puede permitir establecer un criterio novedoso sobre las decisiones médicas al final de la vida.
La discusión también llegó al Congreso. Este 1 de septiembre fue presentada en la Cámara de Diputados una iniciativa para incorporar la figura de muerte asistida, que incluye tanto la eutanasia como el suicidio asistido, bajo determinadas condiciones y con intervención de personal médico autorizado y comités de bioética.
Por ahora, la eutanasia activa continúa prohibida en México. La Ley General de Salud establece expresamente que no puede practicarse eutanasia ni suicidio asistido, aunque sí reconoce cuidados paliativos y mecanismos destinados a evitar tratamientos considerados como obstinación terapéutica en pacientes terminales.
El debate excede además la decisión individual del paciente. Distintos sectores plantean que una eventual regulación también debería considerar el impacto físico, emocional y económico que atraviesan familiares y cuidadores durante enfermedades prolongadas, así como garantizar previamente un acceso efectivo a cuidados paliativos.
México enfrenta así una discusión que avanza por dos caminos paralelos: mientras la Suprema Corte analiza los límites constitucionales de la prohibición vigente, el Congreso comenzó a discutir una posible regulación. Por el momento, ninguna de esas instancias implica que la eutanasia haya sido legalizada.
