Cooptación

Sin dominio territorial, que se observa en la integración del Congreso, el grupo que maneja el Ejecutivo Nacional ha resuelto terminar la tarea de cooptación de los mandatarios, todos los cuales están sometidos a extremas condiciones de carencias y cargan las responsabilidades respecto de las funciones del Estado en la satisfacción de demandas sociales. No será una tarea sencilla si se reconoce que entre las pretensiones y las posibilidades de realizarlas hay un largo camino que transitar.

Un voluminoso paquete de proyectos de reformas estructurales deberá esperar un momento más propicio que el actual, en el que precisamente son los gobernadores los que juegan el rol protagónico. Más de dos años les costó entender a buena parte de ellos que aliarse a un gobierno que los necesitaba para asegurar gobernabilidad, requería que los libertarios reconocieran tal debilidad. 

Lo que inicialmente podría haber facilitado la construcción de una coalición basada en la defensa de los intereses de Nación y Provincias, derivó en un intercambio de favores que no permitió que se resolvieran los principales problemas del país. Su economía mantiene la dependencia con su principal acreedor -el Fondo Monetario Internacional- y no hay mayores logros para sostener. Un supuesto equilibrio fiscal es forzado a costa de apropiarse de recursos que debe distribuir a las provincias, que también simulan tener cuentas saneadas mediante dibujos presupuestarios. 

Hay una agenda parlamentaria que no se puede resignar y nuevamente se salió a la búsqueda de gobernadores y bloques dialoguistas para avanzar en su aprobación. La reforma electoral está a la cabeza y se suma la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto 2027, que en un poco más de un mes debe ser remitido al Congreso.

A ese fin se revisarán los compromisos incumplidos, se renovarán las promesas de asistencia y se atenderán demandas puntuales que pueden servir a los intereses electorales de los participantes del nuevo tramo de negociaciones. Cabe recordar, en el caso de Salta, que hay un acuerdo suscripto en junio de 2024 para el traspaso y la colaboración en materia de obras públicas. La provincia tomó a su cargo la conclusión de un conjunto de proyectos hídricos, viales y de infraestructura escolar, social, urbana y cultural y el gobierno de Javier Milei debía continuar con una serie de obras estratégicas con cierto grado de avance, como plantas potabilizadoras y de saneamiento y especialmente, la red vial. Los convenios no se cumplieron, pese a que hubo muestras de buena voluntad que se expresaron desde las bancas legislativas. 

No es fácil suponer qué puede ofrecer una administración falaz para convencer a los gobernadores que esta vez sí cumplirá no solo con la palabra sino con la firma que puso en los acuerdos. Hay puntos en los que habrá apoyo del gobernador Sáenz, por una cuestión de coherencia política; es el caso de la eliminación de las PASO. Puede repetir en el Senado el apoyo que los diputados saencistas dieron a la ley de Zonas Frías y esperará subsidios para la energía eléctrica en Zonas Calientes.

No parece mucho si no hay, en principio, la devolución de los recursos invertidos por Salta en la red vial. Ya no hay excusas luego del reconocimiento de que hubo un manejo irregular de un fondo fiduciario que se integra con el impuesto a los combustibles líquidos.

Frente a ello, no se trata de aportar a la gobernabilidad sino de evitar caer en complicidades.

Salta, 11 de agosto de 2026