Dos casos se pueden citar como relevantes. Una de ellas es la designación de dos nuevos auditores provinciales, que se incorporaron de inmediato a la tarea de control público. El otro es el nuevo curso que tomó la relación entre los gobiernos nacional y provincial que, hasta aquí, se ha mostrado poco favorable para la administración salteña.
Respecto del primero, la Cámara de Senadores realizó la sesión especial para aprobar los pliegos y designar a Gustavo Ferraris y Miguel Nanni para cubrir dos vacantes en la Auditoría General de la Provincia. En un poco más de 30 días se cumplió un proceso de postulación y de habilitación de la participación pública en la designación de ambos funcionarios. Desde el punto de vista reglamentario, los senadores consideraron que no se pueden señalar incumplimientos; sin embargo, es posible que haya planteamientos judiciales porque no se trata de un trámite burocrático sino de una significativa definición institucional.
Es en ese punto en el que se encuentran puntos débiles. Se trata de la designación de fiscales de la gestión económica, financiera, patrimonial, presupuestaria y operativa del sector público; su función es la de velar por la legalidad, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos del Estado. Lo menos que se puede esperar es que desde ese punto de partida haya transparencia y probidad.
Las objeciones presentadas por individuos e instituciones fueron rechazadas por los objetados y su descargo aprobado por la categórica mayoría que el saencismo tiene en el Senado, la cámara responsable de las designaciones. De esta afirmación se desprenden dos anomalías: el oficialismo debiera abstenerse de imponer su número, atento a que es el objeto de contro, pero especialmente debe apegarse sin fisuras al mandato constitucional. Ferraris es oficialista y con este nuevo mandato supera el límite que se fija para cada auditor. El fundamento es que el cumplido nació cuando no se había tratado siquiera la reforma de la Carta Magna que indica que los auditores solo cumplen un mandato.
En el caso de Nanni, sus objetores señalan su falta de idoneidad. Es solo un abogado y no tiene la especialización necesaria para asumir con eficacia la importante función que se le asigna. Se apostó a que si pasa, pasa, una práctica de estos tiempos.
El otro caso es que el gobernador Gustavo Sáenz blindó su poder federal. La satisfacción de las demandas de la sociedad que conduce son de su responsabilidad y la consecución de los recursos para cumplir con esa obligación lo llevó a golpear puertas y firmar acuerdos que solo permitieron que la otra parte -un gobierno nacional que toma recursos de una bolsa a la que solo aporta la recaudación y no la generación- ganar tiempo y tomar distancia de sus efectos. En ese orden, tomó la decisión de no seguir actuando como delegado y mucho menos aceptar medidas contrarias a los intereses provinciales.
Al respecto reveló que la Casa Rosada mantiene un contacto permanente cuando necesita apoyo pero luego deja de responder los reclamos provinciales, convirtiendo a los mandatarios en material descartable. Consideró que la relación institucional debe basarse en el diálogo, pero también en el respeto por la autonomía y los intereses de cada provincia.
En síntesis, es la reivindicación del Congreso como ámbito de discusión, negociación y acuerdos para ir hacia adelante.
Todo indica que llegó el fin de una etapa.
Salta, 07 de agosto de 2026
