El Ministerio de Salud de la Nación fue allanado por orden del juez federal Ernesto Kreplak en la causa que investiga al menos 114 muertes por fentanilo adulterado vinculado a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Además fueron detenidas dos ex funcionarias.
En el marco de la causa que investiga el fentanilo adulterado se realizó hoy un allanamiento en el Ministerio de salud de la Nación que comanda el ministro Mario Lugones. Fuentes cercanas a la causa afirmaron que se fue a buscar documentación, registros de ingresos y egresos de personas y se habrían secuestrado celulares y dispositivos electrónicos de altos funcionarios.
Además, Nelida Agustina Bisio de ANMAT y Gabriela Mantecón Fumado, ex directora de INAME habrían sido detenidas en la causa que investiga la muerte de mas de 100 personas y al menos 50 pacientes con lesiones graves.
La causa comenzó en 2024, cuando se detectó un lote de fentanilo para uso médico adulterado. Desde la oposición y entre familiares de las víctimas hubo criticas por el virtual vaciamiento de organismos de control, que colaboraron a que el lote se distribuya sin los controles regulares que tienen este tipo de insumos.
La otra pata de la investigación lleva a Ariel García Furfaro, procesado por ser el dueño de HLB Pharma Group, Laboratorios Ramallo y Droguería Al Farma, fabricantes del lote adulterado. Se trata de un empresario que rápidamente consolidó un conglomerado de laboratorios farmacéuticos.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, sindica a García Furfaro como “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” que resultó en la muerte de, al menos, 70 personas así como en las lesiones gravísimas de dos personas y graves de otras 41 “en concurso ideal con el delito de lesiones leves de, al menos, una persona, también en calidad de coautor".
La Justicia resolvió sostener la inhibición general de bienes y el embargo contra el empresario. También extendió el procesamiento con prisión preventiva y las mismas medidas para Diego Hernán García, hermano del dueño de los laboratorios. Nilda Furfaro, señalada como partícipe necesaria por el mismo ilícito, continuará detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario, pautas que también se replicarán para José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, Javier Tchukran, Adriana Iúdica, Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Sclafani, María Victoría García y Wilson Daniel Pons.
La investigación estableció que las 154.530 ampollas del lote 31202 fueron adquiridas por 51 establecimientos públicos y privados de salud de cinco jurisdicciones diferentes del país: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Formosa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Justicia permitió recuperar 64.003 y establecer que alrededor de 40.473 ampollas adulteradas habrían sido efectivamente administradas. Asimismo, el lote 31244 estaba conformado por 151.430 ampollas, de las cuales se recuperaron 121.233, logrando establecer finalmente que no hubo administración intrahospitalaria de ese lote.
Todo ello se agravó debido a que gran parte de los registros hospitalarios se encontraban en formularios físicos obsoletos e historias clínicas incompletas, fragmentadas y mayormente no digitalizadas. No solo las . Debido a ello, la justicia tuvo que adoptar medidas coercitivas para obtener información y avanzar en la reconstrucción de los hechos.
Familiares de víctimas publicaron un comunicado en el que cuestionan las debilidades sanitarias "con controles insuficientes", autoridades que "presentaron reticencias y aportaron información escasa", hospitales que "demoraron o dificultaron la entrega de documentación clave" y enormes dificultades de parte del sistema "para reaccionar coordinadamente frente a una emergencia epidemiológica de alcance nacional".
Además, destacaron el rol de la Justicia, y en particular de Kreplak, quien debió "reconstruir con precisión" la cantidad y localización de las ampollas de adulteradas, determinar el número real de víctimas afectadas y establecer las causas de la adulteración. "No solo debió identificar los establecimientos de salud que habían adquirido el medicamento, sino también determinar a qué pacientes se les había administrado", destacaron.
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