La hija mayor de Fujimori (1990-2000) quedó detenida por un periodo máximo de 10 días tras declarar ante la Fiscalía, señaló su abogada Giuliana Loza, quien calificó de "atropello y abuso" la decisión judicial.

"Hoy me han detenido sin fundamentos jurídicos en el momento en que voluntariamente me presentaba ante la fiscalía", tuiteó Keiko Fujimori en su primera reacción desde su detención, donde calificó de "persecución política" lo ocurrido.

"La persecución se ha disfrazado de justicia en nuestro país", agregó. 

"Esto se llama persecución política", acotó tras recordar que la justicia la investiga desde hace 18 años, cuando su padre dejó la presidencia. 

La justicia acusa a Keiko, de 43 años, de haber recibido de la constructora brasileña 1,2 millones de dólares para financiar su campaña por la presidencia en 2011, que finalmente ganó su rival Ollanta Humala (también señalado por haber recibido aportes de Odebrecht). 

La "medida es dictada por fundados elementos de convicción que relaciona a los antes citados con el delito de lavado de activos, peligro de fuga y obstaculización de la investigación por los presuntos aportes de la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular el 2011", tuiteó el Poder Judicial en su cuenta de la red social Twitter.

Minutos después, su hermano menor Kenji, rival dentro del fujimorismo, se solidarizó con su hermana a través de su cuenta en Twitter.

"Otro momento triste y duro en una semana. Duro para la familia. Apenas me enteré de la noticia estuve al lado de mi mamá y después con mi papá. Lamento profundamente la situación que atraviesa mi hermana y su familia", tuiteó Kenji. 

La abogada había señalado que Keiko se puso a disposición de la fiscalía, tras señalar que la medida ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho, les tomó por sorpresa. La líder opositora quedó detenida en la Prefectura de Lima. 

Además de la conductora del partido Fuerza Popular (derecha populista, principal fuerza opositora que controla el Congreso peruano), otras 19 personas, entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya -ambos muy cercanos a los Fujimori- están investigados por supuestamente recibir fondos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Keiko en 2011.

"Mi esposa Keiko es fuerte y va a salir de esto más fuerte que nunca", dijo su esposoMark Vito Villanella, quien la acompañó a declarar. 

La vocera de Fuerza Popular y congresista Alejandra Aramayo lamentó en diálogo con la radio RPP "que la justicia siga politizada, más aún cuando (Keiko) estaba concurriendo a una diligencia por el caso de los cócteles destinados a recolectar dinero para su campaña a la presidencia".

El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, atribuyó a Keiko liderar una "organización criminal" al interior de su partido, por recibir aportes ilícitos.

Según Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Lima, los dirigentes fujimoristas Yoshiyama y Bedoya fueron los intermediarios. Sus viviendas fueron allanadas en marzo por la fiscalía.

Barata confesó además a fiscales peruanos en Sao Paulo que Odebrecht había hecho aportes a las campañas de los expresidentes Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Tanto los exmandatarios como Keiko negaron haber recibido dinero de Odebrecht, cuyos ejecutivos confesaron haber corrompido a políticos y funcionarios en varios países de América Latina a cambio de contratos de obra pública.

Barata aseguró que además del millón de dólares entregado a Yoshiyama y Bedoya, aportó otros 200.000 dólares para Keiko a través de la organización de cúpula de los empresarios peruanos, la Confiep.

La investigación fiscal se inició cuando en las cuentas del partido de Keiko se detectaron "aportes fantasmas" para su campaña electoral de 2011. Según el partido, provenían de simpatizantes, pero los presuntos aportantes negaron desembolsos. 

Keiko niega las imputaciones y alega en su defensa que "el señor Barata ha señalado (a los fiscales) que nunca le he solicitado dinero, que nunca me ha entregado dinero y que nunca ha hablado de algún apoyo económico conmigo".

Hace una semana, la Corte Suprema peruana anuló el indulto presidencial que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski en diciembre a Alberto Fujimori y ordenó su encarcelación, pero fue ingresado a una clínica de Lima, donde permanece bajo custodia policial.

Pese a haber sido condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción, Fujimori siguió gozando de gran popularidad en Perú por haber acabado con el terrorismo de Sendero Luminoso y la hiperinflación.

Ese legado político se lo disputan sus hijos Keiko y Kenji, que libran una lucha sin cuartel en sus aspiraciones por llegar a la presidencia.

Fuente: Ámbito.com