El organismo abrió una convocatoria para conducir un instituto científico, en medio del debate por el ajuste presupuestario y el futuro de la investigación pública.
La Justicia federal suma una nueva etapa en la implementación del sistema acusatorio
El nuevo esquema traslada el peso de las investigaciones a los fiscales y busca reducir tiempos procesales mediante audiencias orales y mayor digitalización.
Ivana Chañi
El Ministerio de Justicia oficializó una nueva etapa en la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal, que reemplaza el viejo esquema escrito por un modelo acusatorio, con mayor protagonismo de fiscales y audiencias orales.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 275/2026. El texto refiere al avance del sistema en el Distrito Federal de La Plata, una jurisdicción estratégica por su volumen poblacional, su conexión con el área metropolitana bonaerense y la presencia de nodos logísticos como el aeropuerto de Ezeiza y puertos fluviales.
Qué cambia con el sistema acusatorio
El sistema acusatorio modifica la forma en que se investigan y tramitan causas penales federales. En lugar de concentrar la investigación en el juez, fortalece el rol del Ministerio Público Fiscal, mientras los jueces controlan garantías y resuelven planteos en audiencias.
En la práctica, el cambio busca procesos más rápidos, mayor oralidad y mejor trazabilidad de las investigaciones.
Una implementación por etapas
El Gobierno nacional viene aplicando el sistema de manera progresiva en distintas jurisdicciones federales. La resolución señala que se hicieron evaluaciones técnicas, operativas, tecnológicas y edilicias antes de avanzar en el distrito correspondiente.
El Ministerio también informó aportes al Poder Judicial de la Nación, la Procuración General y la Defensoría General, entre ellos herramientas para análisis forense digital y tratamiento de evidencia.
Por qué importa
Aunque se trata de una medida judicial, su impacto llega al ciudadano común: puede modificar los tiempos de investigación de delitos federales, la dinámica de las audiencias y el modo en que intervienen fiscales, defensores y jueces.
El punto clave será si la implementación cuenta con recursos humanos, infraestructura y tecnología suficiente para evitar que el cambio procesal quede sólo en el papel.
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