La Dra. Ambrosini explicó que el perfil más frecuente de las personas que solicitan la quiebra en Salta es el de empleados en relación de dependencia con trabajo formal, pero sin bienes registrables a su nombre. Según describió, se trata de ciudadanos que llegan a los tribunales en una situación límite, ya que “muchos llegan sin cobrar un peso de su salario” debido a compromisos financieros asumidos con entidades crediticias.
La magistrada señaló que, a diferencia de los embargos judiciales, que tienen límites legales, existe un mecanismo de retenciones previamente autorizadas por los propios trabajadores al momento de solicitar préstamos. “El estado de necesidad los lleva a autorizar que la entidad bancaria les retenga antes de cobrar el sueldo”, indicó. De esta manera, una vez depositado el salario, el banco actúa como intermediario y deriva automáticamente los fondos a las entidades acreedoras, dejando a los trabajadores con ingresos mínimos o incluso nulos.
Frente a este escenario, Ambrosini destacó que la declaración de quiebra ofrece un alivio inmediato. “Lo primero que hacemos es ordenar el cese de las retenciones”, explicó. A partir de esa medida, los acreedores deben presentarse en el proceso judicial para reclamar sus créditos, mientras que el deudor recupera gran parte de sus ingresos. “Ese deudor asfixiado recupera con el cese de las retenciones el 80 por ciento de su salario”, afirmó la jueza, quien consideró que este beneficio explica el crecimiento de las presentaciones de quiebra entre trabajadores sobreendeudados.
