Tensión

Es una sociedad movilizada la que pone en evidencia que hay demandas insatisfechas que resienten el ánimo colectivo y se expresan en la creciente tensión.

El presidente Javier Milei ya se encuentra en el país luego de una extensa gira por el exterior, que culminó en Hungría, donde la Universidad Ludovika de Budapest le entregó el título de “Civis Universitatis Honoris Causa”. No se conoce un informe ordenado sobre los resultados de una actividad que apunta a buscar inversiones, promocionando las bondades del país que ofrece opciones para el aprovechamiento de recursos mineros y energéticos, imprescindibles para el desarrollo tecnológico. Hay apreciaciones presidenciales que aseguran que la Argentina vive una “fiebre de oro” y puede dar energía a Europa, anuncio que no es menor si se tiene en cuenta la  crisis generada por el conflicto bélico en Medio Oriente, que está impactando en el mercado petrolero.

El país tiene sus propias tensiones y se expresarán este martes en las movilizaciones que se han organizado en todo el territorio nacional, con motivo del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se conmemora cada 24 de marzo. Este año tiene el condimento que se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura, en un tiempo en que la política de derechos humanos que se fortaleció en esas cinco décadas está abandonada y, en no pocos casos, su validez puesta en tela de juicio en los términos que ha sido planteada desde que el primer gobierno de la recuperada democracia comenzó el juzgamiento de las violaciones cometidas en el país. 

Otra cuestión no menos trascendente es la realización el miércoles y el jueves próximo de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, convocadas por las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que con ellas iniciará el debate del proyecto que ya tiene media sanción del Senado. La iniciativa, enviada al Congreso por el Ejecutivo nacional, genera rechazo en un sector de la oposición y despierta preocupación en las organizaciones ambientalistas. Su sanción es reclamada por un grupo de gobernadores aliados para flexibilizar las restricciones vigentes para captar inversiones millonarias en megaminería e hidrocarburos, es lo que aseguró el oficialismo. 

La realización de las audiencias da cuenta de la conflictividad que genera el proyecto. Se han presentado recursos de amparo para lograr que se garantice la participación oral de la totalidad de inscriptos, que alcanza una cifra cercana a los cien mil. Frente a ese interés, las autoridades de las comisiones convocantes acordaron restringir la cantidad de participantes orales a los primeros inscriptos por cada una de las provincias y a concurrir sólo los 66 diputados que las integran. El resto podrá elevar sus ponencias por escrito o por video, para asegurar lo que establece el acuerdo de Escazú, que impone la obligatoriedad de la participación de los interesados en decisiones que pueden afectar el ambiente.

El ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, señaló que existe consenso entre las provincias mineras para “acomodar” la normativa y dar previsibilidad a las inversiones. El tema fue tratado en una convención minera en Canadá de la que participó el funcionario provincial, quien priorizó la necesidad de generar condiciones que permitan avanzar con nuevos proyectos. A través del gobierno de Gustavo Sáenz, Salta se alineó en la posición del presidente Javier Milei, quien señaló que “la era de los ecologistas embanderados en un falso lema noble y trabando el progreso de los argentinos está llegando a su fin”. 

Es cierto que el cuidado del ambiente y el crecimiento económico pueden ser complementarios. Debe discutirse cuáles intereses son los que se atiende.

Salta, 23 de marzo de 2026