La reforma laboral en marcha ha sacado de sus cómodos espacios a la dirigencia gremial que, con extrema cautela, encendió los motores de una oxidada Confederación General del Trabajo. Un eventual riesgo sobre su margen operativo la llevó a intervenir en la discusión del proyecto planteado por el Ejecutivo Nacional. También fue empujada por la profundización del desprestigio que fue acumulando por los propósitos que orientan su accionar.
Estudios especializados demuestran cómo actuó durante las últimas cuatro décadas en el marco de un proceso continuo de la consolidación de la democracia, a 50 años del último golpe de Estado. Debe reconocerse que, en ese lapso, hubo momentos en que esa dirigencia cumplió cabalmente con el mandato de su representación y estuvo a la cabeza de la defensa de los derechos de los trabajadores; aún a costa de su libertad y de su propia vida. Pero su conservadurismo se convirtió en resistencia a aceptar la construcción de una realidad que le asigna otra posición.
El repaso de la lucha encarada desde 1983 a la fecha, da cuenta que la CGT fue dominada fundamentalmente por su apego a un sector político cuyos principios están en la raíz de su propio origen. De los 46 paros generales dispuestos desde entonces, 31 tuvieron lugar durante gestiones no peronistas.
Ello puede explicar que en el arranque de la reconstrucción del tejido institucional de un país agobiado por los procesos de facto, la dirigencia de la central obrera se ubicó en la vereda de enfrente del gobierno al que la ciudadanía le dio esa tarea inicial. Es así que Raúl Alfonsín sufrió 13 protestas en sus cinco años y medio de su gobierno, dispuestas por un sector que se erigió como la más dura oposición que tuvo la administración radical. La lucha sindical se llevó adelante como un acto de hostigamiento. No fue diferente la suerte del radical Fernando de la Rúa, cuyo proyecto de reforma laboral fue resistido pero terminó con el escándalo de los sobornos en el Senado. Mauricio Macri, que gobernó al frente de una alianza de partidos de centro, soportó cinco paros en sus cuatro años de gestión. Javier Milei se apresta a batir todos los récords, cuando su antecesor no enfrenta ninguna medida de fuerza general.
De todas maneras, deben considerarse las razones de estas medidas. La de este jueves apunta contra una ley que ingresó en el tramo final de su tratamiento y que plantea reformas para modernizar las relaciones laborales. En la negociación previa, la dirigencia gremial puso a salvo el financiamiento de los sindicatos pero fue empujada a plantear el paro, con la consigna “No es modernización: es ajuste y precarización”.
La protesta opera en un escenario complejo en el que sobresale la circunstancia que sólo la mitad de la población económicamente activa forma parte del colectivo de trabajadores asalariados. Y esa franja va creciendo al mismo ritmo que la informalidad de la economía, aspecto que supuestamente trata de corregir el gobierno libertario con esta norma.
El último informe de la la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, dio cuenta que el empleo privado reúne a un poco más de 6 millones de trabajadores pero viene cayendo. La última medición, de noviembre pasado, informa de una reducción del 3%, que asciende a más del 4.5% en la Provincia de Salta.
Son momentos socialmente críticos pero se inscribirán en la historia si se produce la transformación que revierta sus aristas negativas y que provocan la creciente pobreza de un país que tiene los recursos que el mundo demanda, como ocurrió desde su nacimiento.
Salta, 19 de febrero de 2026
