Luego de la votación de este jueves en la Cámara de Diputados, quedó en claro que el saencismo apoya al gobierno de La Libertad Avanza, reconociendo que sus políticas aún no han volcado beneficios a esta parte del país. Así lo señaló Pablo Outes, quien forma parte del bloque de Integración Federal y sus consideraciones fueron acompañadas por el gobernador Gustavo Sáenz, quien las hizo propias.
La visión crítica por las falencias de la administración nacional es dura aunque no lo suficiente como para convertirse en un voto negativo a las leyes en trámite, especialmente la modernización laboral y el nuevo régimen penal juvenil, que va a acarrear costos a la alicaída caja provincial. El bloque que expresa el pensamiento del mandatario fue duramente cuestionado por el peronismo en el Congreso, posición que fue confrontada con la acusación de que ese sector sólo mira el desarrollo de Buenos Aires, donde se instalaron las grandes empresas dejando al resto del territorio sin industria y sin ningún beneficio con el que cuenta el área metropolitana. “Parece que en el interior la democracia llega más tarde”, fue el reclamo que hizo el legislador.
A esa manifestación se sumó este viernes el gobernador Sáenz, tratando de esclarecer una posición que va detrás de hechos que no favorecen a la gestión. A una ciudadanía que debe asimilar un importante volumen de situaciones e interpretaciones que se hacen de ellos, planteó la necesidad de equilibrio social. El mandatario ponderó los avances macroeconómicos logrados por el gobierno nacional pero los diferenció del impacto que tienen en la provincia, donde se registra una marcada caída del consumo, que repercute directamente en la coparticipación y en la actividad de pymes y comercios. De esa manera, la reducción de la inflación y el equilibrio fiscal no alcanzan para imponer el equilibrio social que, en última instancia, debería ser el objetivo de cualquier gestión de gobierno.
En Salta -y así se ha reconocido en el debate de Diputados- hay un margen muy alto de informalidad y ello se expresa en un 55% de trabajadores en negro, que se espera que efectivamente la ley en trámite corrija. Precisamente es el punto que más se discute porque es mayoritaria la convicción de que con una ley no se crea trabajo, aunque sí se pueden crear condiciones que favorezcan la reactivación económica promoviendo la inversión.
Todo describe un momento de dificultades crecientes para el Ejecutivo provincial. Su agenda está encabezada por una negociación colectiva con los trabajadores públicos, a los que la oferta salarial, presentada en la última reunión, les resulta exigua.
Allí se insinúa un punto de conflicto inminente, por la cercanía del inicio del período lectivo. El gobernador fue categórico al afirmar que el 8% de incremento hasta julio es lo que se puede pagar y anticipó que se ocupará de buscar los caminos para allegar mayores recursos. Dos son ineludibles: la negociación para cambiar el régimen coparticipable, pendiente desde hace tres décadas y la demanda de una reforma impositiva nacional.
Por delante hay tareas que no sólo son complejas sino que su ejecución es urgente. Se juega en ellas la valoración positiva de los mandatos de Gustavo Sáenz.
Salta, 20 de febrero de 2026
