Tribulaciones

Para el jueves próximo han sido citados nuevamente los gremios vinculados a distintos ámbitos de la administración del Estado y sus voceros han señalado que esperan recibir una propuesta de parte del Ejecutivo. En la primera reunión tomaron nota de la preocupante situación financiera y de objetivos que tiene la administración de Gustavo Sáenz para mejorarla, tratando de allegar mayores recursos a través de la reactivación económica. El propósito es preservar la calidad en la prestación de servicios que son esenciales para la sociedad.

Los referentes sindicales, por su parte, anticiparon las principales líneas de demandas de orden salarial, en primer término y laboral, como prioridad, reconociendo que a la luz de un nuevo régimen de trabajo que se trata en el Congreso de la Nación, habrá consecuentes ajustes en el orden provincial. Por otra parte, no se deja de lado que en un marco de crisis económica, las medidas de fuerza van a impactar en una población que arrastra situaciones desfavorables en grado extremo. El dato es particularmente significativo ante la inminencia del inicio del ciclo lectivo, que suele expresar el ánimo social.

Es la razón por la que el sector docente es el que en primer lugar cierra el acuerdo con el gobierno. La ADP, que reivindicó su condición de único gremio paritario de esos trabajadores, ya presentó su lista de reclamos. Incluye elevar  la base de cálculo del ajuste, ubicándola en diciembre pasado y un aumento retroactivo a enero para recuperar más 8 puntos que en 2025 los salarios docentes perdieron frente a la inflación del 8,5% que, según el gremio, quedó por debajo durante el año anterior. También insiste en la restitución de la compensación transitoria docente, que como incentivo que aportaba la Nación, formaba parte del salario.

Muchas de las demandas son compartidas por los otros gremios del sector público, como es la cuestión de la base de cálculo para aplicar el incremento de sueldos y suman reclamos específicos según el área de que se trate. El mayor volumen de trabajadores, que es el de la administración, está representado por la Asociación de Trabajadores del Estado y desde ese sindicato hay varios temas vinculados a la precarización laboral, que debe corregirse y que implica un mayor costo para las arcas públicas. Cualquier resolución que se tome en las mesas de negociaciones colectivas tendrá incidencia en las cajas municipales, a las que el Ejecutivo Provincial debe asistir a fin que puedan cumplir con su personal.

Si bien esta cuestión suele repetirse cada año en febrero, la administración nacional libertaria está impactando como un factor condicionante que no se puede excluir de las paritarias por su impacto en la situación fiscal provincial. El último informe de ARCA encendió las alarmas porque da cuenta de una caída en la recaudación nacional, que implica un achicamiento de la bolsa coparticipable.

Esa caída -en términos reales- lleva seis meses consecutivos  y en enero marcó el nivel más bajo de los últimos 16 años ajustado por inflación. El informe oficial da cuenta que los ingresos, que alcanzaron un poco más de 18 billones de pesos, tuvieron una suba nominal del 22% respecto de enero de 2025, pero una caída real frente a la inflación. El IVA, que es la principal boca de ingresos, mostró los rasgos más significativos de una economía en problemas, destacaron los especialistas. La suspensión de retenciones, la reducción de aranceles a las importaciones y la baja de impuestos internos impactaron sobre los recursos del Estado. 

No es que haya mayores gastos, porque hasta las provincias se ocuparon en cuidar el equilibrio de sus cuentas. Han caído los ingresos porque hay menor actividad económica y así lo ha reconocido la industria, que dio cuenta que trabaja al 60% de su capacidad operativa. No hay consumo y crece el endeudamiento privado.

El Carnaval esta vez no ha logrado tapar estas tribulaciones.