A la cabeza de las urgencias está la educación, que convoca a todos los sectores involucrados a atender sus demandas y responder especialmente a los reclamos. Esa convocatoria debe dirigirse, en definitiva, a toda la sociedad.
La educación, en todos sus niveles, está atravesando severos problemas, agudizados por un desfinanciamiento progresivo que plantea mayores exigencias a las Provincias, por que están responsabilizadas de manera directa de llevar adelante los ciclos obligatorios. Hasta el momento, sus gobiernos hicieron un gran esfuerzo para mantener la normalidad en la prestación de un servicio que es esencial. La virulencia gremial que se expresó en no pocas jurisdicciones -incluso en Salta- se redujo significativamente apenas se inició una administración nacional que hizo del ajuste el eje vertebral de su gestión. El gobierno de La Libertad Avanza llevó la decisión a extremos de retirarse de obligaciones que tenía asumidas desde el siglo pasado.
Se reconoce que la educación es una responsabilidad compartida entre Nación y provincias, tal como expresó en declaraciones públicas la titular de la ministra salteña Cristina Fiore. Pese a esa convicción, los legisladores nacionales que expresan al saencismo con sus pronunciamientos, apoyaron la sanción del presupuesto nacional para 2026, que consagró la reducción de fondos, derogando la obligación de asignar el 6% del PBI a su sostenimiento. Es cierto que era una obligación, vigente desde 2006, que no mostraba registros de cumplimiento pero sí exponía cualquier decisión en otro sentido como una falla del gobierno de turno; ahora depende de la voluntad presidencial y de un Congreso que la acompañe.
La advertencia oportunamente expresada por la responsable de la Educación en la Provincia fue desoída por los legisladores nacionales, que optaron por responder a los intereses del poder político que representan. Fiore había señalado que no había espacio para tolerar recortes en el financiamiento sin afectar la calidad de la formación de niños y jóvenes y la garantía de igualdad de oportunidades, que es imprescindible para asegurar el desarrollo social.
A días de la apertura del período lectivo, el Ejecutivo aseguró una partida para el acondicionamiento de los establecimientos, que se invierten mayoritariamente en reparaciones. No hay expectativas respecto de mejoras en la infraestructura, con la ampliación o construcción de nuevos edificios
Otro aspecto relevante es el anuncio de una reforma de la ley nacional de educación, que anticipa cambios de fondo. También hay reparos de la autoridad provincial respecto del proyecto girado al Parlamento, que contiene cambios de fondo porque se monta sobre concepciones diferentes de las que están vigentes.
Se conoce que entre los Ministros de Educación del país se va construyendo consensos sobre una posición común pero todavía no hay un tratamiento formal en el ámbito pertinente, que es el Consejo Federal. Pero especialmente, la discusión debe bajar a la sociedad.
La educación es algo más que una lista de útiles, el costo de una cuota del colegio o el sueldo de los docentes. El modelo de gestión y los contenidos deben ser sometidos a la opinión de las entidades de la sociedad civil, que deben asumir la responsabilidad de construirla y formularla.
Salta, 17 de febrero de 2026
