Ivana Chañi
El gobernador Gustavo Sáenz firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos de la provincia, una decisión que fue anunciada en redes sociales y ampliada este martes por la vocera del Gobierno, Paula Benavides, en conferencia de prensa.
La medida alcanza sin excepciones a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, jueces, fiscales, intendentes, concejales y a toda persona que aspire a ingresar al Estado.
“El ejercicio de la función pública no solo requiere capacidad técnica, sino también aptitud moral. No hay lugar para ambigüedades”, sostuvo Benavides, al remarcar que la norma apunta a garantizar transparencia real y claridad de juicio en quienes toman decisiones que afectan a la ciudadanía.
Según detalló la vocera, los exámenes se realizarán de manera aleatoria y sorpresiva, incluso en los lugares de trabajo, como parte de un procedimiento que el Gobierno calificó como “serio y riguroso”.
Los análisis detectarán cocaína, anfetaminas y otras sustancias, y estarán acompañados por garantías de respeto a la privacidad, debido proceso y derecho a contraprueba en laboratorio, en caso de resultados positivos.
“El objetivo es asegurar el pleno uso de las facultades mentales y la claridad de juicio. Gobernar y administrar justicia exige condiciones óptimas”, afirmó Benavides.
El DNU establece consecuencias concretas:
Resultado positivo o negativa a realizar el examen derivará en la remoción del cargo, conforme a la Constitución Provincial y la normativa vigente.
Quienes aspiren a ingresar al Estado y obtengan un resultado positivo no podrán hacerlo.
“Nadie entra al Estado sin demostrar aptitud. Esto rige para todos, sin privilegios”, enfatizó la funcionaria.
Asimismo, sostuvo que “gobernar es tomar decisiones firmes”, y que la iniciativa busca consolidar una provincia ordenada, transparente y gestionada por personas aptas, en línea con la confianza que los salteños depositan en sus instituciones.
Desde el Gobierno subrayaron que el DNU no admite interpretaciones laxas y fija un estándar ético uniforme para toda la administración pública provincial.
La implementación del decreto marca un punto de inflexión en la agenda política salteña y abre un debate sobre los alcances del control estatal, la ética pública y las responsabilidades de quienes ejercen cargos de poder.
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