El tratamiento de esa problemática sucede a la sanción por parte del Ejecutivo nacional del Decreto 438, del 10 de junio pasado, que autorizó la instalación de free shops en los pasos fronterizos terrestres del país, para que los viajeros compren productos sin impuestos como ocurre en los aeropuertos. El instrumento legal incorporó al ordenamiento jurídico argentino una resolución del Mercosur que data de 2018 y está vigente en Brasil, Uruguay y Paraguay.
El requisito más estricto establece que estas tiendas sólo podrán instalarse en pasos fronterizos habilitados donde sea posible ejercer el control aduanero correspondiente.
La apertura de estas tiendas libres de impuestos inicialmente fue celebrada por algunos referentes del norte, como el senador por Orán Juan Cruz Curá, pero luego se advirtió que la llegada de los Duty Free es solo el punto de partida de una agenda de desarrollo más profunda. Se reiteró la demanda de políticas que reduzcan las asimetrías existentes en lugar de incorporar nuevos beneficios que generarían condiciones de competencia desiguales con los comercios tradicionales, al coexistir establecimientos sujetos a diferentes regímenes tributarios dentro de una misma región.
De allí que en el último plenario del Parlamento del Norte, la delegación de Salta -encabezada por el vicegobernador Antonio Marocco- impulsó un proyecto para que los legisladores nacionales trabajen en la modificación o elaboración de una normativa para regular las economías de frontera, afectadas por el contrabando y el comercio ilegal.
Cabe destacar que en 2024, el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley de Armonización del Comercio Fronterizo. La iniciativa, que perdió estado parlamentario y fue nuevamente presentada en este período legislativo, propone establecer un régimen jurídico especial para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas instaladas en un radio no mayor a 15 kilómetros de las zonas de frontera. Contiene un conjunto de beneficios impositivos mediante exenciones drásticas, como la eliminación o reducción de IVA y otros tributos y desiste de trámites aduaneros complejos para las actividades de intercambio comercial lícito de estas pymes.
De lo que se trata es de establecer un marco de protección integral para las economías locales en la frontera. A ese fin hay otras iniciativas, que siguen aguardando ser atendidas, como es el proyecto de Ley de Modernización y Nuevo Enfoque de Control Fronterizo, que aborda la frontera desde una perspectiva de infraestructura inteligente y agilización comercial, según sus fundamentos.
En cualquier caso, de lo que se trata es de lograr el desarrollo de herramientas que protejan el comercio legal y el empleo formal frente al impacto del contrabando. La intervención del Estado, no se debe limitar al control represivo sino que debe responder a una logística que optimice el uso de recursos cuya disponibilidad es, precisamente, una gran limitante que también debe salvarse.
Resulta promisorio que la política vaya incorporando nuevas cuestiones a la agenda de prioridades que deben atenderse, abandonando la puja por posiciones de poder.
Salta, 30 de junio de 2026
