Las autoridades de la Conferencia Episcopal celebraron el 11 y el 12 de diciembre su última reunión del año en Buenos Aires. La agenda giró en torno a cuestiones institucionales, pero también hubo espacio para analizar la realidad social y política.
Política12/12/2025
Durante dos días, miércoles y jueves, la Comisión Permanente del episcopado católico celebró su último encuentro del año en la sede capitalina de la Conferencia Episcopal. La mayor parte de la agenda estuvo destinada a cuestiones institucionales, pero durante la reunión los obispos también dedicaron tiempo --formal e informalmente-- a intercambiar información y puntos de vista sobre la situación social y política del país. No habrá, sin embargo, ninguna declaración pública de jerarquía eclesiástica.
Cada año, con ocasión de esta reunión, los obispos hacen llegar al Presidente una nota con un saludo con motivo de la Navidad y el año nuevo. En gestiones anteriores era habitual que todos los mandatarios respondieran con una invitación a las autoridades del episcopado para celebrar un encuentro en la Casa Rosada. Desde que asumieron las nuevas autoridades del episcopado con Marcelo Colombo como presidente los obispos nunca se encontraron con Javier Milei. Nada indica que pueda ocurrir ahora.
Si bien nadie afirma en voz alta que existe una mala relación entre el gobierno que encabeza Javier Milei y las autoridades de la Conferencia Episcopal, no menos cierto es que los canales de diálogo son por lo menos “poco fluidos” y limitados a los “aspectos institucionales” como lo explicó un obispo a este medio. Consultado sobre el tema otro miembro de la jerarquía eligió repasar cuáles fueron las demandas públicas o señalamientos que hicieron los obispos para poner en evidencia el poco eco que las mismas tuvieron en el oficialismo gobernante.
Lo describió de esta manera: “En algún sentido, nuestros mensajes son como botellitas que flotan en el mar con un papelito adentro. Pareciera que han caído en una especie de gran vacío donde nadie ha recogido totalmente el guante”. El mismo interlocutor prefirió no hacer nombres, “porque no nos gusta acusar personas ni centralizar nuestra crítica en personas, sino que tratamos de encontrar caminos para el diálogo y la búsqueda de soluciones a los problemas”.
Sin pretender agotar el tema sirve recordar algunas manifestaciones para ejemplificar las diferencias.
En abril la Comisión Episcopal De Pastoral Social, el Equipo De Sacerdotes De Villas y Barrios Populares De Argentina y la Fundación Universidad Latinoamericana De Las Periferias, entre otras organizaciones católicas, calificaron como “injusticia” el recorte de las pensiones por invalidez y la situación dramática de los centros de día y de los prestadores de salud y educación del colectivo.
En el “te deum” de acción de gracias celebrado el 25 de mayo en la catedral de Buenos Aires, el arzobispo porteño Jorge García Cuerva afirmó-ante Milei y sus ministros- que “Argentina sangra de inequidad”.
En junio pasado, apenas un día antes de la visita de Javier Milei al Vaticano para encontrarse con León XIV, las máximas autoridades de la Iglesia Católica hicieron pública una carta de solidaridad con el personal médico del hospital Garrahanque en ese momento mantenía su mayor nivel de enfrentamiento con el gobierno. Con la firma del arzobispo Colombo y del obispo Raúl Pizarro, secretario general, la conducción del episcopado cuestionó al gobierno por “no valorar adecuadamente la misión de los médicos” y respaldó el “justo” e “impostergable” reclamo del personal de salud. En la ocasión los obispos manifestaron “perplejidad” por las políticas de ajuste en el sector de la salud.
Ese mismo mes se conoció un documento de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, titulado “Si el Estado se corre, entra el narcotráfico”en el que se expresó preocupación por el avance del narcotráfico especialmente en los barrios populares y advirtió sobre el surgimiento de una suerte de “Estado paralelo”. El texto llevaba la firma del presidente Colombo y de los vicepresidentes, Angel Rossi (cardenal de Córdoba) y Daniel Fernández (Jujuy). En ese pronunciamiento las autoridades de la Iglesia no hacían otra cosa que reflejar la creciente inquietud de los sacerdotes y los agentes pastorales por una realidad que vienen constatando en los barrios populares.
En agosto se celebró en Mar del Plata la “semana social” organizada por la Iglesia. En el mensaje final leído por el obispo riojano Dante Braidase sostuvo, entre otras cosas, que “el mercado, por sí solo, no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social” y que “la política no debe someterse a la economía, ni ésta a la tecnocracia”, además de reafirmar la “opción por los pobres” y hacer un llamado a “la fraternidad social”.
Un hecho menos trascendente -pero que también causó molestias- ocurrió en Misiones cuando Vialidad Nacional le exigió a la iglesia local un canon de 500 mil pesos para que los feligreses pudieran caminar al costado de la ruta 12 hasta el santuario de la Virgen de Loreto. En declaraciones radiales el obispo de Posadas, Juan Martínez, calificó de “insólita” la exigencia que llegó 48 horas antes de la realización del acto religioso. “Siempre hemos organizado estas peregrinaciones de manera ordenada, sin interrumpir la ruta, y nunca tuvimos problemas. Vamos a averiguar jurídicamente el fundamento de esta exigencia, porque no hay antecedentes”, dijo.
Los sacerdotes y los agentes pastorales católicos no dejan registrar que la retirada del Estado en muchas localidades pequeñas y medianas de todo el país y en los barrios populares del área metropolitana Buenos Aires se pone en evidencia, entre otras manifestaciones, en el cierre progresivo de oficinas de ANSES y PAMI, hecho que obliga muchas veces a las personas a hacer grandes traslados para sus trámites. La falta de aportes oficiales castiga a los comedores populares -también a los gestionados por la Iglesia Católica- mientras los subsidios son redirigidos hacia obras administradas por grupos y organizaciones evangelistas de corte conservador.
Desde que La Libertad Avanza está en poder la relación institucional con la Iglesia Católica está limitada al diálogo -escaso y formal- que los obispos mantienen con el Secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo.
De parte del gobierno no hay, en cambio, la misma frialdad respecto de los sectores más conservadores del evangelismo.
El pasado 3 de noviembre, Milei agasajó en la Casa Rosada a una importante delegación de pastores evangélicos nucleados de ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas). En ese acto el presidente fue bendecido por los pastores y atribuyó “al uno” la victoria electoral que LLA había logrado días antes en los comicios legislativos intermedios a nivel nacional. Christian Hooft, presidente de ACIERA, que niega toda vinculación política de los pastores que representa, explicó que “fue un evento para bendecir al país, al Presidente y su gabinete, en el marco de una ley nacional que conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas”. De la ceremonia también participaron Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli.
El obispo católico que sí se muestra cerca del gobierno es el titular del obispado castrense, Santiago Olivera, quien el 28 de noviembre celebró una misa en la iglesia Stella Maris para agradecer la gestión de los ministros Luis Petri y Patricia Bullrichal frente de los ministerios de Defensa y Seguridad y desearle éxitos en sus futuras actividades legislativas en Diputados y en el Senado de la Nación. En esa oportunidad el titular del obispado castrense reconoció a ambos “porque frente a situaciones complejas, tuvieron sólida capacidad de conducción”.
No contento con ello Olivera agregó que “mientras algunos gobiernos democráticos sintieron aprensión de pronunciar la palabra autoridad y sobre todo de ejercerla, desde las carteras por ustedes conducidas –en algún caso en dos ocasiones- y con la ley en la mano, volvimos a gozar de la libertad de circulación y de la seguridad, tanto para el pueblo como para los uniformados investidos de la misma”.
Pese al silencio institucional, los gestos y las palabras de Olivera molestaron a gran parte de los obispos católicos que consideran que el titular del obispado castrense desentona con el sentir del cuerpo episcopal. Vale recordar que Olivera viene trabajando junto a quienes reclaman la libertad de los represores detenidos por delitos de lesa humanidad, utilizando además el argumento de la “verdad completa” también usado por LLA.
Página12
Este viernes se definirán los detalles en la reunión que llevarán adelante el comité a cargo de la organización. La Unión de Obreros Metalúrgicos ya marcó horario y lugar para su convocatoria del 18 de diciembre.
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