La aparición de un brote de sarampión en la zona fronteriza con Bolivia enervó a las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia y se intensificó la tarea de control de la aplicación de vacunas. Es que, precisamente, es uno de los elementos más eficaces para evitar que la enfermedad ingrese en la comunidad.
La pandemia del Covid revalorizó a las vacunas, demostrando que junto al agua potable son el descubrimiento terapéutico que más vidas salvaron en el último siglo, como se indicara en un reciente congreso jurídico realizado en Rosario. Precisamente, la Argentina es uno de los países que tiene una ley hasta ahora respetada que reconoce ese activo social, pero que está siendo puesta en tela de juicio por un grupo de fundamentalistas que opina que afecta la libertad, elevada a la categoría de valor absoluto.
La Ley 27.491, promulgada en 2018, regula la inmunización en Argentina estableciendo la obligatoriedad y gratuidad de las vacunas contempladas en un Calendario Nacional, para todas las personas y para todo el país. Es la norma que declara a la vacunación como un bien social, promueve el acceso equitativo a las vacunas y establece responsabilidades para el cumplimiento de la inmunización, incluyendo la obligación para los padres de vacunar a sus hijos. Estas disposiciones plasman lo que una alta concientización social en torno de la importancia de las vacunas estaban generando.
Las vacunas son un derecho y una responsabilidad comunitaria, se reconoce en el mundo. Es por ello que, cuando el virus SARS-CoV-2 comenzó a hacer estragos en todo el planeta en 2020, la primera respuesta que la sociedad reclamó fue una vacuna que la pusiese a salvo. Paradójicamente, también fue el inicio de un proceso de resistencia montado en supuestas constataciones científicas que derivaron en mitos que se siguen expandiendo, favorecidos por redes sociales y voceros de intereses que no están totalmente identificados.
La mayor parte de la comunidad científica se puso al hombro la tarea de confrontar la peligrosa campaña que ha llevado a un preocupante crecimiento de las cifras en la región y en el mundo de bolsones poblacionales que no reciben la totalidad o ninguna de las vacunas, para proteger su salud y evitar la reemergencia de enfermedades mortales, que ya estaban controladas como Sarampión, Polio y Coqueluche entre las principales. Como ejemplo, se puede citar que en Salta aumentó el número de enfermos de tuberculosis.
Esta situación muestra una tendencia contra un principio fundamental de la salud pública: la pérdida de la inmunidad colectiva. Y así debe entenderse este riesgo que, en la Argentina, aprovecha el afán desregulador de la administración libertaria, pretendiendo depositar en la voluntad individual la protección colectiva. Cuando se declaró a las vacunas como bien social se tuvo en cuenta que su impacto supera lo meramente sanitario y tiene efectos que contribuyen al bienestar económico y social, fortaleciendo el desarrollo general de la sociedad.
El proyecto que una legisladora oficialista presentara en la Cámara de Diputados de la Nación proponiendo la reforma de la ley que impone la obligatoriedad, precisamente para eliminar ese carácter, en principio no tiene respaldo en la cartera de Salud. Su titular, Mario Lugones, aseguró que el Calendario Nacional contiene vacunas que se sostienen en evidencia científica y en décadas de uso seguro, porque pasaron por evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad y eficacia.
Se ha reconocido que la vacunación ha sido históricamente una de las políticas sanitarias más exitosas en el país. Tolerar los excesos de algunos sectores políticos y sociales, como los que participaron de un encuentro pseudocientífico realizado el jueves en la Cámara de Diputados de la Nación es riesgoso, en el mejor de los casos. Riesgo que se profundiza cuando hay una validación institucional dada por el espacio cedido a iniciativas de dudosas intenciones.
Salta, 28 de noviembre de 2025
