Equilibrio

Es legítima la intervención de los mandatarios en el armado definitivo de una iniciativa de la que depende buena parte del financiamiento de políticas que deben llevar adelante las administraciones provinciales. Las intensas negociaciones encaradas por el Ejecutivo nacional, a través de nuevos interlocutores, fue el espacio en el que se discutieron las demandas del interior del país, cuyas posibilidades de ser atendidas se iban manifestando en los alineamientos de los legisladores de ambas cámaras.

Finalmente es el diálogo -y no la confrontación- la herramienta más eficaz para avanzar en función de las necesidades de gestión de los gobiernos. Es así que las leyes sancionadas en el período ordinario que cierra este viernes y que tuvieron un trámite de discutible legitimidad política, han mostrado que la imposición de la mayoría no es suficiente en tanto no represente efectivamente el interés social.

Nadie puede discutir la necesidad de asegurar el financiamiento de las universidades ni el sostenimiento de las políticas de asistencia a la discapacidad; tampoco se debe desconocer que urge recomponer los ingresos de los jubilados, todos ellos objetivos de las leyes sancionadas. Esto significa que a través de otras vías deberán alcanzarse, de manera tal que no sean trofeos de una puja de poder.

También deben atenderse los reclamos por fondos que realizan los gobiernos provinciales. Seguramente tampoco será a través de los mecanismos que a modo de remiendos fueron sosteniendo el gastado tejido de la bolsa coparticipable. Todo indica que deberán construirse consensos para soluciones de fondo que se proyecten en el mediano y en el largo plazo y que respeten los lineamientos que configuran el sistema institucional, especialmente el federalismo.

La tarea es compleja y debe organizarse en base a prioridades pero de manera equitativa. No hay modo de satisfacer reclamos, cuya legitimidad no está en tela de juicio, cuando especialmente giran en torno de recursos cuya disponibilidad es muy limitada. La demanda de fondos tiene como respuesta una contrademanda, que pasa por el apoyo a reformas sustanciales para lograr la transformación que es menester.

En ese marco, las partes que negocian están definiendo qué ceder en función del alcance del verdadero poder político configurado por los últimos comicios: ni los gobernadores ni el Ejecutivo nacional pueden mostrar una posición dominante en el escenario donde, en definitiva, se concretan los acuerdos negociados. Ese espacio es el de las Cámaras legislativas.

Hasta allí llegaron incluso los intendentes que, reivindicando su condición de base de la pirámide del Estado, fueron a exponer sus necesidades y a exigir el reconocimiento de sus planteos cuando son consecuencia de políticas macroeconómicas que les acarrearon perjuicios. Se citaron, por ejemplo, la pérdida del fondo de la soja  y de asignaciones provenientes del impuesto a los combustibles. 

No faltan propuestas. Los gobernadores quieren nueva distribución de impuestos y de los aportes del Tesoro Nacional: Los intendentes apoyan la reducción del IVA para sus compras, a fin de liberar recursos para otros gastos e inversiones. Pero hay límites, porque el equilibrio fiscal no se toca.

Son momentos de definiciones en los que nadie puede sacar ventajas en detrimento del resto. Debe lograrse, al menos, el punto de equilibrio.

Salta, 26 de noviembre de 2025