Muchas críticas se han conocido en torno de la pretensión de llevarla adelante que van desde el cuestionamiento a la intención de reducir derechos al señalamiento de la insuficiencia de su alcance en tanto no se produzca previamente la reactivación económica y la recuperación del sector de las pymes. La única certeza es que esta reforma es una pieza imprescindible para el plan que sostiene la administración libertaria.
El tema llegó al ámbito legislativo a través de voceros de la izquierda que en el marco de la Comisión de Hacienda y Presupuesto anunciaron que están organizando la resistencia. Al fundamentar el rechazo a la iniciativa girada por el Ejecutivo nacional, el diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo, calificó de antiobrera, antipopular y de insoportable demagogia la postulación del gobierno sobre que si hay reforma habrá empleo para el sector informalizado. Ese sector político tomó las conclusiones de un informe de la OIT, que analizó más de 60 reformas llevadas adelante en distintos países del mundo, para asegurar que nunca sirvieron para crear empleo; por el contrario sólo aportaron a su precarización. En ese orden, el FIT dio cuenta de la decisión de poner barreras convocando a la movilización social en su contra.
Aunque todavía no se ha formalizado el ámbito de debate, que necesariamente será el Congreso, la cuestión ha merecido la atención de muchos sectores que van sumando su contribución mediante exposiciones públicas que describen el impacto que suponen debe tener una reforma de esa naturaleza. Es el caso de de Industriales Pymes Argentinos cuyo presidente, Daniel Rosato, advirtió que la reforma laboral debe ser condicionada y acompañada por otras normativas para asegurar la consecución de sus objetivos, mejorando las condiciones de competitividad. Pidió lógica en las nuevas regla de juego y medidas de sustento para la economía real,como el Régimen de Incentivo a las inversiones para Pymes Industriales, cuyo proyecto tiene trámite parlamentario.
Esa institución, que tiene una activa participación en la formulación de propuestas pero también en la presentación de reclamos, hizo público el último informe elaborado por su Observatorio que da cuenta que “la economía tiene signos de enfriamiento, con rubros como la industria, el comercio y la agroindustria que siguen en retroceso, el consumo se estanca y el empleo formal cae”. Pese a ese panorama negativo, las pymes no están esperando una ley para echar gente y en ese orden califican como un riesgo la voluntad de Javier Milei de facilitar los despidos en un contexto de recesión económica. Los datos privados indican que desde diciembre de 2023 a agosto de este año cerraron 18 mil pymes en todo el país y ya hubo 280 mil despidos.
En Salta, la Cámara que aglutina a la pequeña y mediana empresa también se sumó al debate. Miriam Guzmán, su tesorera, en declaraciones públicas consideró que “modernizar las relaciones laborales es un propósito que pareciera que está más orientado a las grandes empresas que para las pymes”, las que pueden atravesar el riesgo de que en lugar de alcanzar un nuevo orden tengan más conflictos.
Aunque aún no hay un proyecto definido, la ebullición que está generando la propuesta muestra un horizonte de salida a una crisis que se ha extendido en el tiempo, consumiendo los proyectos de toda una generación.Todo es posible, excepto resistirse a los cambios o restar participación a una cuestión de hondo contenido social.
Salta, 05 de noviembre de 2025
