Un fallo de la Corte abre la puerta para la liberación de genocidas

"Estos procesos son complejos, necesitan más tiempo de investigación, hubo un pacto de silencio y entorpecimiento en la búsqueda de pruebas, estamos hablando de cosas que pasaron hace mucho tiempo, entonces no es un proceso normal, y eso es lo que se venía haciendo, entender la complejidad de las investigaciones", advirtió la periodista especializada en temas de lesa humanidad, Victoria Ginzberg. 

El fallo fue firmado por Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, también autores del fallo del 2x1, y como no hubo acuerdo al interior de la Corte porque el tercer supremo, Ricardo Lorenzetti, votó en contra, convocaron a los conjueces Alejandro Tazza, de la Cámara Federal de Mar del Plata, y Abel Guillermo Sánchez, de la Cámara Federal de Córdoba.

El caso que elegió el Órgano Supremo de Justicia para sentar posición sobre las prisiones preventivas en delitos de lesa humanidad fue el de Carlos "Indio" Castillo, un integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), el grupo de ultraderecha que actuaba en La Plata y Mar del Plata antes del golpe de Estado. 

"Castillo fue detenido en 2013, condenado en 2017 y actualmente tiene otro juicio. Y ¿qué pasa con esta causa? Bueno, está sin confirmar, eso es cierto. Pero ¿quién la tiene que confirmar? La Corte Suprema", detalló Ginzberg. "Es como un doble juego en donde los están liberando directamente". 

Por un lado, cuestionan la falta de celeridad en el arribo a una condena pero, al mismo tiempo, dilatan constantemente el proceso judicial. "Hay juicios orales en los que hay audiencias una vez por semana o una vez cada quince días, que además hablamos de casos que tienen alrededor de 100 víctimas. Los juicios se demoran y el problema de la demora es un problema de la Justicia. Entonces, la Justicia no aplica celeridad y después dice que larguen a los represores", argumentó la periodista especialista en lesa humanidad.

Para impartir la prisión preventiva se utilizan dos argumentos: la posibilidad de entorpecer investigaciones y el riesgo de fuga. "Hay alrededor de cien represores que estuvieron prófugos, es algo bastante común. Estas personas evidentemente tienen alguna apoyatura porque no es tan fácil mantenerse prófugo y es algo más común de lo que se piensa, de hecho se había creado una unidad especial para buscar los prófugos, específicamente en casos de delitos de lesa humanidad, y la desmanteló Patricia Bullrich", recordó Ginzberg. Esto sin mencionar que muchos represores aún mantienen el secreto sobre el paradero de las víctimas e hijos de víctimas. 

"En todo caso, hablemos de la situación de los presos en general, no de los represores que, realmente, muchos están presos en su casa, hay algunos que están en Campo de Mayo, que es considerada una prisión con beneficios, y hay un grupo muy pequeño que está en cárceles del servicio penitenciario federal y, en general, están en buenas condiciones", concluyó.

Página12