En la Comisión, especialistas alertaron que la venta parcial de la empresa estatal pondrá en riesgo la soberanía tecnológica. Denunciaron la paralización del CAREM y señalaron la injerencia de EEUU.
Política03/10/2025
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Diputados reunió a referentes del sector nuclear que cuestionaron con dureza la decisión del Gobierno de privatizar Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), que opera Atucha I, Atucha II y Embalse. Ingenieros, ex funcionarios y delegados sindicales coincidieron en que el proceso amenaza con desmantelar un desarrollo científico de más de medio siglo.
Adriana Serquis, ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), sostuvo que “nuestros legisladores no supieron defender la soberanía” al momento de aprobar la Ley Bases, donde se incluyó a la empresa estatal como una de las sujetas a su privatización. Además, advirtió que con un 44% en manos privadas “un accionista podrá definir el futuro de la empresa”. Y remarcó: “Todo el ecosistema nuclear está preocupado por la detención del CAREM, lo que nos iba a posicionar como líderes en reactores modulares. No queremos ser aprendices de Estados Unidos”.
Diego Hurtado, ex vicepresidente de la CNEA, fue aún más crítico: “Hoy nos quieren hacer creer que hay un plan nuclear argentino, pero lo que hay es la paralización del CAREM. Prometen instalar en Atucha cuatro reactores modulares, pero los tiempos que muestran no tienen seriedad. Esto es timba financiera con recursos naturales. Somos víctimas de terrorismo financiero puro”.
El ingeniero José Luis Antúnez, expresidente de NA-SA (2015-2025), señaló que la empresa “no pierde dinero, ha pagado todas sus obligaciones” y que privatizar sería “un daño patrimonial al pueblo argentino”. Con datos técnicos, advirtió: “Atucha I está parada para extenderle la vida útil en 30 años, tras operar 50. Ese patrimonio desaparece en el instante en que se privatiza. El plan de reemplazar con pequeños reactores es un disparate técnico: no es más barato ni posible en escala industrial sin depender de combustible de Estados Unidos”.
Asimismo, Antúnez consideró que "respetaría algo más" la iniciativa del gobierno de Milei del plan nuclear con Estados Unidos a través de Demian Reidel "si no fuera con una empresa creada hace tres meses en EE.UU., no es comparable con lo que sabe NA-SA, dueña de sus tecnologías, constructor y diseñador de sus centrales. Está sentado en la mesa de los grandes operadores de centrales nucleares del mundo. La mayor parte de empresas nucleares del mundo son estatales".
Isidro Baschar, ex director de NA-SA, señaló que el patrimonio de Atucha I, II y Embalse supera los 11 mil millones de dólares y que el Estado mantiene deudas con la firma por 200 millones de dólares con la compañía: “Van a rematar activos que el mundo envidia por menos de lo que el ministro de Economía se gasta en un día en el mercado de cambios para llegar a una elección”.
Desde lo gremial, Ernesto Simiente, delegado de ATE en Atucha II, advirtió que “el privado va a tener la concesión por 30 años, una lacra que va a costar mucho sacarse”. Y planteó: “Vamos a ser colonia de Estados Unidos en actividad nuclear. Tenemos 90% del know-how para seguir construyendo, pero sin financiamiento no podremos avanzar”.
Diputados opositores también sumaron críticas. Christian Castillo (FIT) dijo que “no hay ningún plan nuclear más que desmantelar décadas de conocimiento” y anticipó proyectos para anular el decreto. Florencia Carignano (UxP) cuestionó a legisladores radicales de Santa Fe que rechazaron tratar la privatización en el Senado: “Son lo mismo que Milei. El mundo no entrega sus recursos estratégicos, los nacionaliza”.
El plan del Gobierno para privatizar Nucleoeléctrica
El trasfondo del debate es el Decreto 695/2025, firmado por Javier Milei y Luis Caputo, que habilitó la privatización parcial de NA-SA. El esquema prevé vender el 44% de las acciones mediante licitación nacional e internacional, destinar un 5% a un programa de propiedad participada para los trabajadores y mantener un 51% en manos del Estado.
El vocero presidencial Manuel Adorni defendió la medida como un paso para “construir el primer reactor modular argentino e impulsar la minería de uranio”. Sin embargo, las cifras oficiales muestran una contradicción evidente: en 2024, NA-SA alcanzó un récord histórico de 10,4 millones de MWh generados, con superávit operativo. Privatizar una empresa con esa performance es, como señalaron varios expositores, vender un activo estratégico en su punto más alto de productividad.
El Senado no pudo tratar el bloqueo a la privatización
La oposición buscó frenar el proceso a través del Parlamento. En el Senado, José Mayans (UxP) presentó un proyecto para impedir la venta del 44% de la compañía. En Diputados, Agustina Propato propuso prohibir la enajenación de las centrales Atucha I, II y Embalse.
No obstante, el intento de bloquear la privatización en la Cámara alta ayer no prosperó: UxP y aliados reunieron 40 votos, pero no alcanzó los dos tercios necesarios. El propio Mayans advirtió en el recinto: “El presidente y su banda se están quedando con el sistema nuclear argentino. Es peor que el caso $LIBRA y el caso de los medicamentos”.
La votación expuso fracturas internas y dejó en evidencia que el plan oficial no cuenta con respaldo unánime ni siquiera entre sectores que acompañaron la Ley Bases. Como sintetizó la senadora Anabel Fernández Sagasti: “Hoy votamos si habilitábamos o no el debate para impedir la privatización. La soberanía, para ellos, nunca es urgente”.
Sin embargo, el rechazo fue a tratarlo sobre tablas, es decir, sin un dictamen previo de comisión y sin estar incluido en el temario. Por eso necesitaba de dos terceras partes. La diferencia en el Senado es que no hay mecanismos de emplazamiento como en Diputados cuando el oficialismo "duerme" una comisión para evitar el tratamiento de proyectos que atentan contra su programa económico.
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