Con la inflación superando el 50% y ajustes frecuentes en naftas y gasoil, un proyecto de ley liderado por el neuquino Pablo Todero exige a las petroleras notificar cualquier variación de precios con 72 horas de antelación.
Política26/09/2025
En un contexto de inflación galopante que supera el 50% anual y con los bolsillos de los argentinos cada vez más apretados, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley que busca poner fin a los incrementos imprevistos en los precios de los combustibles. La iniciativa, liderada por el neuquino Pablo Todero, obliga a las petroleras a notificar con al menos 72 horas de antelación cualquier variación en naftas, gasoil y GNC, promoviendo transparencia y protegiendo a consumidores y transportistas de los "golpes sorpresa" que se multiplican en la economía cotidiana.
El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados y cuenta con las firmas de Ariel Rauschenberger, Carolina Yutrovic, Nancy Sand, Martín Soria, Martín Aveiro, Jorge Araujo, Lorena Pokoik, Andrea Freites, Cecilia Moreau y Jorge Romero. Según detalló Todero en su cuenta de X, la propuesta responde a una realidad alarmante: "4 aumentos en 20 días sin informar", que han exacerbado la incertidumbre en un mercado estratégico donde empresas como YPF, Shell y Axion lideran un esquema parcialmente desregulado.
Los fundamentos del proyecto señalan que los combustibles no son un lujo, sino una necesidad básica que impacta en el transporte público y privado, la logística, la producción de bienes y, en última instancia, en el costo de la canasta familiar. "En un país donde el transporte es crucial, los incrementos sorpresivos generan alzas en cadena en los precios de alimentos, servicios y productos industriales, exacerbando la inflación", advierten los legisladores.
Proyecciones económicas recientes sitúan la inflación anual por encima del 50%, un escenario agravado por la desregulación impulsada en la Ley Bases y ajustes frecuentes del 4% al 6% por litro, pese a que Argentina es un productor neto de petróleo.
Todero, diputado por Neuquén –provincia clave en la producción hidrocarburífera–, enfatizó en su posteo que "no pedimos congelamientos ni controles que distorsionen el mercado; lo que reclamamos es que los argentinos tengan información clara y accesible sobre cuánto y por qué están pagando".
La iniciativa busca equilibrar la flexibilidad de las petroleras –influida por el precio del crudo Brent, el dólar y los impuestos– con el derecho constitucional de los consumidores a una información precisa, amparado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor 24.240.
El articulado establece que las empresas petroleras, refinerías y abastecedoras –tanto de producción nacional como importada– deberán comunicar a las estaciones de servicio y a la Autoridad de Aplicación (a designar por el Poder Ejecutivo) cualquier variación con 72 horas de antelación mínima. Para los consumidores, el plazo se reduce a 48 horas, pero con detalles exhaustivos: el porcentaje o monto del ajuste, la fecha y hora exacta de vigencia, y una justificación técnica y económica que fundamente el cambio.
La notificación se canalizará por múltiples vías para maximizar el alcance:
● Publicación en el sitio web oficial de la empresa.
● Carteleras visibles en las bocas de expendio de las estaciones de servicio.
● Al menos dos medios de comunicación de alcance nacional.
● El portal web de la Autoridad de Aplicación.
Se exceptúan los ajustes por cambios impositivos o regulaciones urgentes del Poder Ejecutivo, provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la notificación será simultánea a la aplicación. En caso de incumplimiento, las sanciones serán duras, alineadas con la Ley 24.240: multas de entre 10 y 10.000 salarios mínimos vitales y móviles, suspensión temporal de la comercialización o clausura por reincidencia.
"La obligación de publicar la justificación de los aumentos promovería una mayor rendición de cuentas, permitiendo al gobierno monitorear el mercado y evaluar impactos en la inflación", sostienen los autores. Esto podría derivar en medidas paliativas como subsidios focalizados o auditorías por prácticas anticompetitivas.
El proyecto se inspira en experiencias de países vecinos como México y Chile, donde mecanismos similares obligan a las energéticas a notificar ajustes con antelación a través de organismos reguladores o plataformas públicas. Estas prácticas han reducido la incertidumbre y empoderado a los consumidores en mercados concentrados, alineando a Argentina con estándares internacionales de transparencia.
Todero y sus colegas cuestionan la paridad con el dólar que rige los precios regionales, "pese a que Argentina produce su propio petróleo", y alertan sobre la desconfianza generada por la falta de previsibilidad. En junio pasado, el mismo bloque de diputados patagónicos ya había repudiado declaraciones de la cúpula de YPF por subas en el sur del país, un antecedente que refuerza la urgencia de esta norma.
"Esta medida desincentivaría aumentos injustificados y fortalecería la confianza en el mercado, especialmente con YPF como actor dominante", concluyen los fundamentos.
Con información de Parlamentario
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