“Es un golpe al sistema universitario”, sostiene el rector de la UNSa sobre el veto presidencial

Por Aries, el rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Miguel Nina, se expresó sobre el reciente veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió sobre las consecuencias para el sistema educativo del país.

Nina explicó que el sistema universitario argentino atraviesa un “desfase inflacionario importante” debido a dos años sin presupuesto nacional aprobado y la pérdida de financiamiento en convenios específicos, como los relacionados con la carrera de Medicina y tecnicaturas de otras unidades académicas. “Venimos con un presupuesto reconducido del año 2023, basado en datos de 2022, lo que genera un desfasaje inflacionario terrible en todas las partidas presupuestarias”, señaló.

El rector explicó que la UNSa enfrenta actualmente un déficit anual de 3.085 millones de pesos, principalmente destinado al pago de sueldos, lo que limita la inversión en investigación, extensión y generación de nuevas carreras. “Estamos transitando sobre ciertos carriles para llegar a fin de año sin afectar el pago salarial, pero el déficit afecta gravemente los gastos de funcionamiento de todo el sistema universitario”, agregó.

Advierten que la mitad del déficit de la UNSa es por mala administración

Nina recordó que la Ley de Financiamiento Universitario buscaba garantizar un presupuesto equivalente al 1,5% del PBI para las universidades públicas, frente al 0,5% actual, y permitir una recomposición salarial para el personal docente y no docente, que ha perdido casi un 44% de su poder adquisitivo.

Ante el veto, la UNSa se sumará a las medidas aprobadas por el Consejo Interuniversitario Nacional, incluyendo posibles marchas federales en todo el país, según confirmó el rector. Además, destacó que la universidad ha comunicado a toda su comunidad la situación y se mantiene atenta a la presentación del presupuesto nacional 2026, previsto para el próximo lunes, con la expectativa de que los fondos asignados sean suficientes para cubrir las necesidades básicas del sistema universitario.

Miguel Nina concluyó que, aunque la ley tenía metas ambiciosas, su aplicación era fundamental para garantizar la sustentabilidad de la educación pública y el correcto funcionamiento de las universidades en todo el país.