Haití recurre a mercenarios extranjeros para recuperar el control de sus rutas y fronteras

Haití enfrenta simultáneamente una crisis de seguridad, un colapso institucional y una emergencia humanitaria. En medio de este escenario, el gobierno transitorio cerró un acuerdo de diez años con la empresa de seguridad privada Vectus Global, dirigida por Erik Prince, fundador de Blackwater, para desplegar cientos de combatientes procedentes de Estados Unidos, Europa y El Salvador. Las fuerzas contratadas buscarán recuperar carreteras y territorios estratégicos actualmente bajo control de bandas armadas y, según el contrato, también asumirán funciones en la recaudación fiscal en la frontera con República Dominicana, una de las principales fuentes de ingresos del país.

Vectus, que comenzó operaciones en el país en marzo, ya utiliza drones y trabaja coordinadamente con una fuerza dirigida por el primer ministro haitiano. En las próximas semanas reforzará su presencia con francotiradores, especialistas en inteligencia y comunicaciones, helicópteros y embarcaciones, con la meta de restablecer la circulación en rutas clave, entre ellas el corredor que une Puerto Príncipe con la ciudad norteña de Cap-Haïtien.

“Una medida de éxito será que se pueda conducir de Puerto Príncipe a Cap-Haïtien en un vehículo no blindado sin ser detenido por las bandas armadas”, declaró Prince a Reuters.

Desde febrero de 2024, Haití vive una ofensiva sin precedentes de coaliciones de bandas armadas que provocaron la caída del primer ministro y aislaron la capital del resto del país. Según cifras de la ONU, entre abril y julio de 2025 más de 1.500 personas murieron —la mayoría durante operaciones de las fuerzas de seguridad— y alrededor de un tercio en ataques con drones que el gobierno empezó a emplear contra grupos armados.

La situación de la capital refleja el colapso de la autoridad estatal: la ONU calcula que cerca del 90% de Puerto Príncipe está controlado por bandas armadas. Los servicios públicos se encuentran gravemente deteriorados, menos de una cuarta parte de los hospitales funciona, y alrededor de dos millones de personas padecen inseguridad alimentaria severa. El desplazamiento interno forzado supera ya el millón de personas.

En zonas rurales como Artibonite y el Centro, la violencia ha interrumpido la producción agrícola y obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares. El gobierno declaró un estado de emergencia de tres meses en los departamentos más afectados para intentar contener la expansión de las bandas.

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La Policía Nacional Haitiana opera con recursos limitados y enfrenta un déficit de personal significativo para un país de casi 12 millones de habitantes. A comienzos de agosto, el gobierno designó a Vladimir Paraison, ex jefe de seguridad del palacio nacional, como nuevo director de la institución. Sin embargo, los ataques contra agentes continúan: recientemente, dos policías de una unidad élite murieron en Kenscoff, al sur de la capital, después de que su vehículo blindado quedara atrapado en una zanja excavada por las bandas.

El despliegue de Vectus Global en Haití

Vectus Global es una empresa creada por Erik Prince para ofrecer servicios de seguridad privada con enfoque operativo directo. Sus empleados son, por definición, mercenarios: combatientes privados que operan por compensación económica fuera de las fuerzas armadas regulares. Desde su llegada a Haití en marzo de 2025, ha trabajado junto a una fuerza encabezada por el primer ministro, incorporando el uso de drones para apoyar operaciones contra las bandas. El nuevo despliegue anunciado incluirá combatientes entrenados como francotiradores y especialistas en inteligencia y comunicaciones, así como medios aéreos y fluviales para acceder a áreas de difícil control.

El contrato firmado con el gobierno prevé que Vectus colabore también en la recaudación de impuestos en la frontera con República Dominicana. Esta zona es crucial para la economía haitiana: antes de la ofensiva de las bandas, aproximadamente la mitad de los ingresos fiscales del país provenía de gravámenes sobre las importaciones a través de esa frontera. La violencia y los bloqueos han reducido drásticamente esa recaudación, afectando la capacidad del Estado para financiar servicios básicos.

Autoridades como Laurent Saint-Cyr, presidente del consejo de transición, han pedido públicamente más apoyo internacional, aunque no han confirmado ni desmentido el alcance del acuerdo con Vectus. El Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, negó cualquier implicación, financiamiento o supervisión de la operación.

Expertos expresaron a Reuters preocupación por el impacto que podría tener la contratación de una empresa privada de seguridad. Romain Le Cour, de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional, advirtió a que este modelo puede aislar aún más a la policía haitiana y debilitar la misión internacional liderada por Kenia, que opera desde 2024 con el objetivo de restaurar el orden. Gedeon Jean, del Centro para el Análisis y la Investigación de Derechos Humanos, señaló que recurrir a empresas privadas sin fortalecer a las fuerzas nacionales conlleva riesgos de abusos y de pérdida de legitimidad estatal.

Con información de Infobae