Tras una exhaustiva investigación, se logró establecer que el imputado actuaba con un patrón de conducta reiterado: trasladaba a sus víctimas en su vehículo, las convencía de sentarse en el asiento del acompañante y, mediante argumentos engañosos, generaba una situación de cercanía forzada que aprovechaba para consumar los abusos.
Judiciales13/08/2025
La fiscal penal 3, subrogante de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Celina Morales Torino, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 6, para un hombre de 48 años, como autor de los delitos de abuso sexual simple, lesiones leves y rapto, todo en concurso real; abuso sexual simple en concurso real con rapto (dos hechos); abuso sexual con acceso carnal (dos hechos); abuso sexual simple (dos hechos); y abuso sexual simple, coacción y rapto, todo en concurso real.
En primer lugar, la Fiscalía logró acreditar, con grado de probabilidad, la existencia de múltiples delitos contra la integridad sexual, con lesiones y rapto en algunos casos. En su requerimiento, la fiscal Celina Morales sostiene que la evidencia revela una forma de operar casi idéntica en cada hecho, el reconocimiento mutuo entre las víctimas —facilitado por publicaciones en redes sociales— y la evasión del imputado a las pericias ordenadas. Todo ello, permite establecer la existencia de un patrón criminal sistemático y reiterado de abuso sexual. Además, se destaca la pluralidad de víctimas y el origen de la causa a partir de múltiples denuncias que señalan hechos similares, atribuidos al mismo acusado, con al menos nueve damnificadas.
En cuanto al modus operandi, se identificó que en todos los casos el imputado utilizaba un vehículo de remis como principal escenario para consumar los abusos, aprovechándose de la vulnerabilidad de las pasajeras, quienes buscaban un servicio de transporte seguro, en horas de la madrugada.
Un elemento común y distintivo en los hechos fue la utilización de un pretexto técnico: el acusado afirmaba que “el sensor del taxímetro no funcionaba”, motivo por el cual solicitaba a las pasajeras que se sentaran en el asiento delantero o entre los asientos, junto a él, con el argumento de que así el contador marcaría el viaje o el láser del vehículo podría detectarlas.
Esta maniobra, según detalló la fiscal Morales, tenía por finalidad generar una cercanía física forzada, que le permitiera ejercer control sobre la víctima y vulnerar su integridad sexual.
Asimismo, en la mayoría de los hechos denunciados, el imputado buscó aislar a las víctimas desviando la ruta pactada, acelerando el vehículo o trabando los seguros de las puertas, con el objetivo de impedir que descendieran o solicitaran ayuda.
Por otro lado, el acusado recurría a amenazas, tanto explícitas como implícitas, con el propósito de coaccionar a las víctimas y evitar que denunciaran lo ocurrido. Estas amenazas incluían el conocimiento de sus domicilios o información personal sensible, así como la desestimación de sus relatos.
Las consecuencias de estas maniobras se evidencian en el testimonio de las víctimas, quienes manifestaron haber experimentado angustia, miedo y trauma psicológico. Incluso, en uno de los casos, se reportó la pérdida de un embarazo como consecuencia directa del impacto emocional sufrido.
Un elemento crucial para establecer la naturaleza serial de los abusos fue la conexión entre las damnificadas. Varias de ellas lograron reconocerse a través de redes sociales, donde se compartía el modo de operar del agresor, acompañado incluso de su fotografía. Este reconocimiento mutuo, sustentado en descripciones físicas coincidentes y patrones idénticos de conducta, constituye una prueba irrefutable de que se trata del mismo autor, actuando de manera sistemática y reiterada.
Respecto del delito de rapto, se acreditó que el imputado desvió deliberadamente el recorrido convenido, restringiendo la libertad de movimiento de una de las víctimas, quien fue forzada a desplazarse hacia un destino desconocido y potencialmente riesgoso. Dicho accionar, en los términos planteados por la fiscal Celina Morales, encuadra típicamente en la figura penal de rapto, al implicar una transgresión directa a su libertad personal.
El Tribunal Oral 2 definirá entre hoy y mañana. La expresidenta cuestionó el método para calcular el monto que debe devolver y pidió que se deje sin efecto la orden de ejecución sobre su patrimonio.
La querella había pedido una condena de 50 años, mientras que la Fiscalía la redujo a un máximo de 20 años.
Dos hombres fueron increpados por un grupo de personas, quienes intentaron robarles una motocicleta y pusieron en riesgo la vida de uno de ellos, al efectuarle dos disparos de arma de fuego.
Tras vencer el plazo para el pago del decomiso de $648.000 millones, la expresidenta y demás condenados enfrentan la posibilidad de que sus bienes sean embargados, aunque aún resta la resolución de la Cámara de Casación.
El proceso oral y público comienza este miércoles y pone en el centro la crisis ambiental que atraviesa el Gran Chaco, donde quedan menos de 20 ejemplares.
La fiscal penal María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Fiscalía Penal 2 de la UGAP, informó que se trata de dos hermanos, de 18 y 20 años, que fueron capturados en la localidad de Rosario de Lerma.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La iniciativa puntualiza en la hoja de coca en su forma natural, exclusivamente destinada al consumo interno local mediante masticación e infusiones. “Permitiría regular y transparentar el circuito de provisión de hoja de coca, garantizando controles sanitarios y aduaneros”, señalaron.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.