Las negociaciones que más pesan son las que relacionan sus necesidades de recursos y las dificultades de acceder a ellos por las vías ordinarias. La red de fondos que durante décadas se integraron para financiar programas o posibilitar ayudas extraordinarias a las administraciones provinciales, se ha desintegrado por decisión del gobierno nacional, principal socio y distribuidor de dichos fondos. Por otra parte, el desfinanciamiento de obras y servicios de su responsabilidad también ha generado severas dificultades para mantener las cuentas provinciales en orden.
La política central de la gestión libertaria -de naturaleza netamente fiscal- cargó sobre las espaldas de las Provincias el peso de su plan de ajuste y de allí que opera con su caja sobre los gobernadores, cuyo principal capital en estas circunstancias es la influencia que pueden tener en el Congreso. Por el Poder Legislativo pasan las principales decisiones políticas y es un ámbito que La Libertad Avanza no domina.
En ese escenario, los mandatarios provinciales se agrupan según intereses dominantes. Los actuales son de orden financiero pero también electorales, ya que no pueden perder su dominio en el Parlamento. Además, la economía les está planteando exigencias en un marco de aguda crisis por la inacción de la administración nacional en la resolución de los problemas que generan sus decisiones macroeconómicas.
A todos los une la prioridad de conseguir fondos y han podido coincidir en dos proyectos de ley de reparto de los fondos del Impuesto a los Combustibles y los ATN, que tienen la sanción del Senado. La nueva mesa de negociaciones es la que se tendió en la Cámara de Diputados, donde la mayoría kirchnerista quiere canjear su voto a favor por el rechazo a los últimos vetos presidenciales. Si se tiene en cuenta que fueron sobre leyes que muchos gobernadores aprobaron, podría decirse que la suerte está echada y el presidente Javier Milei deberá aceptar su derrota. Pero no es así.
Por el contrario, la presión es intensa y la Casa Rosada habilitó la práctica de látigo y billetera. Ello golpea sobre la liga de gobernadores porque algunos de ellos entraron en el cono de la sospecha; es que el último reparto de ATN los benefició ostensiblemente. Si es por las cifras que les fueron giradas, el gobernador de Salta está en esa lista. Pero esas son las tensiones propias de un tiempo complejo políticamente y Gustavo Sáenz explica sus movimientos desde el principio que los intereses de la Provincia son los prioritarios.
En estas circunstancias tomó distancia y, mientras su grupo político trabaja en el armado de la alianza con la que participará en las elecciones nacionales de octubre, viajó a San Juan para participar de la II Conferencia Internacional Argentina Cobre 2025, un encuentro estratégico que reúne a los principales referentes del sector. Allí estuvo con sus pares de Catamarca, Mendoza, Jujuy y la provincia anfitriona, la principal productora de un recurso que es el mineral que más dólares podría aportar en la Argentina que viene.
El mandatario salteño participó en un panel en el que enfatizó la importancia de la colaboración interprovincial y la seguridad jurídica para impulsar el desarrollo minero en el país. Ese es el otro punto de presión porque mientras los proveedores locales demandan una ley que proteja al sector, las empresas mineras advierten a los estados productores que deben sostener su reputación de provincias confiables para las multinacionales inversoras.
Los gobernadores están integrando la primera fila de sostén del sentido de comunidad nacional. No pueden cometer ningún error que rompa esa contención.
Salta, 05 de julio de 2025
