Fue en diciembre último que se puso en marcha el Plan Güemes. Fue lanzado en la localidad de Aguas Blancas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El gobierno nacional lo calificó como una medida histórica para combatir los delitos federales en un área considerada estratégica, tarea que encomendó a fuerzas federales, incluyendo por primera vez a la Prefectura Naval Argentina para patrullar las aguas del Río Bermejo, un espacio que venía siendo controlado exclusivamente por la Policía del Estado Plurinacional de Bolivia.
Sesenta días después se inició la construcción de un alambrado, que será inaugurado la próxima semana, que sirve para ordenar el tránsito de personas y mercaderías entre Aguas Blancas y Bermejo. Fue también la ocasión propicia para lanzar una segunda etapa ampliando el control al corredor Tartagal - Aguaray - Salvador Mazza y anunciar la puesta en marcha del llamado Operación Roca. En la oportunidad participó el Ministro de Defensa, Luis Petri, presencia justificada por la inclusión de las fuerzas armadas en el control de fronteras, impedida hasta ahora -según el funcionario- por un "sesgo ideológico".
El alcance de la estrategia antinarcóticos fue expuesta este jueves en una reunión realizada en la sede de la Justicia Federal. El ministro Petri resaltó la importancia de la coordinación entre las distintas áreas del Estado para el éxito del operativo militar que se desplegará, con la participación de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, autoridades provinciales y municipales, asegurando que la articulación entre estos actores es fundamental para garantizar la efectividad del operativo. Dio precisiones sobre los objetivos y el rol que jugarán las distintas fuerzas participantes.
Es posible que la próxima reunión informativa a la que concurra el titular de Defensa sea la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior, que en su encuentro del pasado miércoles analizó un pedido de informes presentado por legisladores radicales respecto del desarrollo de tareas por parte de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior. Los constitucionalistas ya hicieron notar que se estarían vulnerando disposiciones legales al respecto.
Aunque Salta es el escenario de esta operación, no se levantaron voces de apoyo ni rechazo, más allá del entusiasmo con el que el Ejecutivo provincial acompaña - con justificadas razones- el combate al crimen organizado. El endurecimiento del control, sin embargo, tiene efectos sobre la población del área comprometida y no solamente en relación al intercambio comercial y social establecido con pueblos bolivianos.
En la última sesión del Senado de la Provincia se plantearon las dificultades que enfrentan los habitantes de Los Toldos y otros parajes del departamento de Santa Victoria, que no tienen conexión directa con el resto del territorio provincial. Para proveerse de insumos imprescindibles o recibir atención sanitaria de mayor complejidad, deben atravesar la frontera y reingresar al país. El estado de situación que se está configurando a partir de los nuevos planes de seguridad dificulta la dinámica de vinculación por lo que se ha requerido un permiso especial para los lugareños que necesitan atravesar el límite internacional.
Modificaciones al régimen migratorio, aplicando requisitos más severos para ingresar y vivir en el país, accediendo a servicios de los que goza la población argentina, seguramente va a generar resistencia en un país que se caracterizó por su hospitalidad y generosidad. Pero es necesario ir adecuando estas normas frente a una nueva realidad internacional, sin alterar el espíritu de la Constitución Nacional.
Salta, 16 de mayo de 2025
