Reforma laboral: la exigencia del FMI en medio de la crisis de la informalidad

El ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó: ”Debemos dar una discusión respecto al régimen laboral que desde hace muchos años no hace más que impedir la generación de empleo genuino, empujando a millones de argentinos a la informalidad. En nuestro país, el empleo privado no crece desde hace 15 años.

“Necesitamos una legislación acorde a los tiempos que corren, que acompañe a un mercado laboral cada vez más dinámico, empujado a su vez por una economía ordenada y en crecimiento”, agregó Francos en el marco de la presentación de su informe de gestión que brindó al Congreso.

Desde el Gobierno reconocieron que la reforma laboral de la Ley Bases es de baja intensidad y se necesitarán cambios más profundos, sobre todo por la cantidad de personas en situación de informalidad. Según los datos oficiales, 9 millones de los trabajadores en la Argentina no están registrados. A su vez, el oficialismo tuvo que ceder artículos en la ley de bases para su aprobación, sobre todo por rechazo de las centrales obreras.

El Ejecutivo tiene en la mira la eliminación de los aportes no contributivos a sindicatos. Es más, la comisión de Legislación del Trabajo en Diputados retomó la labor parlamentaria esta semana y comenzó a tratar varios proyectos relacionados a la cuota sindical. En este momento no hay diálogo entre el Gobierno y la CGT, que volvió a tensionar su vínculo con Casa Rosada y tras el paro general del 10 de abril anunció una marcha para el 30 de este mes.

El FMI en su staff report sostiene que Argentina deberá ir por una reforma laboral para “para fomentar la competencia y el empleo formal”. Además, advierte que el Gobierno necesitará del apoyo del Congreso, por lo cual deja la incógnita de si el Ejecutivo avanzará con la situación actual o si espera hasta después de las elecciones de este año que espera obtener un buen resultado y ampliar la cantidad de legisladores.

También, el Fondo repasó las medidas ya implementadas para la flexibilización del mercado de trabajo en la Ley Bases, entre ellas destacó: 1) Permitir a los trabajadores autónomos contratar hasta 3 empleados sin una relación contractual. 2) Otorgar a los empleadores que registren a trabajadores informales el derecho a una cancelación parcial de las contribuciones patronales a la seguridad social no pagadas. 3) Agilizar el proceso de registro de trabajadores y ampliar el período de prueba. 4) Derogar la presunción de contrato de contratación no revelado cuando un proveedor emite sistemáticamente facturas por los servicios prestados a empresas. 5) Permitir la opción de sustituir el actual marco de pagos de indemnizaciones por despido mediante un acuerdo mutuo entre las partes. 6) Permitir a los trabajadores elegir su seguro de salud (9% del salario), eliminando la intermediación sindical obligatoria.

En el Congreso el oficialismo tiene en carpeta el proyecto de la diputada Romina Diez, en el cual entre otras iniciativas, propone modificar la ley 20.744 de contrato de trabajo. Una de las modificaciones que propone es modificar las formas y modalidades del trabajo. “El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador”, sostiene el proyecto, entre otras modificaciones como también en el caso de la ley de trabajo agrario.

Otras miradas sobre la mesa

Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) proponen crear un “Fondo Compensatorio Laboral Universal”. El proyecto contempla la creación de una Caja que administrará los fondos aportados por los empleadores pymes y el Estado Nacional, para que estén a disposición de los trabajadores al momento de la finalización de su relación laboral, ya sea por renuncia, despido o jubilación.

“El trabajador cobrará el fondo que durante todos los meses fue acumulando en esa caja, la cual estará administrada por la ANSES. La caja actualizará el valor del aporte de acuerdo con una tasa fijada por el BCRA, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo del dinero que le pertenece al trabajador, generando así una masa de dinero que podrá ser utilizada para darle créditos a los trabajadores y financiar a las pymes en proyectos de desarrollo productivo. Las pymes, generadoras de 7 de cada 10 empleos, también se verán beneficiadas, porque evitarán juicios laborales onerosos y muchas veces injustos, provocados por la llamada ‘industria del juicio’. Tendrán una mayor seguridad jurídica y un incentivo concreto para llevar adelante planes de inversión productiva y creación de nuevos puestos de trabajo. El proyecto le dará total transparencia a la incorporación de trabajadores a las pymes, y eso redundará en mayor empleabilidad y sindicalización, ya que reducirá el trabajo no registrado”, señalan desde IPA.

Según señalaron fuentes industriales, el sector le llevó distintas propuestas al Ministerio de Trabajo y al Congreso, pero son iniciativas “que no quiere llevar adelante el Gobierno”, deslizaron. “En este momento no estamos hablando absolutamente nada sobre el tema laboral”, agregaron a este medio.

Por otra parte, recientemente se presentó el libro “Reforma Laboral” sobre el impacto de Ley de Bases y las implicancias de la reforma laboral de la Ley 27.742, que contó con la redacción de 13 autores, de los cuales 10 son jueces, funcionarios y exfuncionarios del fuero laboral del Poder Judicial y tres son abogados de la matrícula con especialidad en derecho laboral. “Desde el punto de vista empresarial, la reforma representa una oportunidad para mejorar la competitividad y reducir costos asociados a indemnizaciones y conflictos judiciales. Por otro lado, desde la perspectiva sindical y de los trabajadores, surgen preocupaciones respecto de la seguridad laboral, la estabilidad del empleo y el acceso a derechos fundamentales”, remarcó Andrés Prieto Fasano, abogado y co-autor del libro.

“El avance de la automatización ha generado preocupación en algunos sectores, ya que muchas tareas están siendo reemplazadas por sistemas inteligentes. Sin embargo, también surgen nuevas oportunidades laborales en áreas digitales, tecnológicas y del conocimiento. La clave está en encontrar un equilibrio que permita adaptar la normativa laboral a estos cambios, garantizando derechos sin frenar la innovación. Desde mi perspectiva, el derecho laboral debe evolucionar para incorporar estos nuevos paradigmas”, agregó Prieto.

Cuatro de cada diez trabajadores son informales

El INDEC reveló que la informalidad alcanzó al 42% de la ocupación en el último trimestre de 2024. Si bien implica una leve mejora respecto al 42,6% respecto a los tres meses anteriores, la cifra es contundente: hay casi 9 millones de empleados no registrados en el sistema laboral argentino. Si se hace una lupa y se observa solo el universo de los cuentapropistas, el dato trepa al 62,4%, a su vez que entre los asalariados la tasa de los que no tienen aportes es de 36,1%. En tanto, el documento técnico del Fondo señala que “más de la mitad de la fuerza laboral trabaja en el sector informal”.

El segmento que más se ve afectado por esta dinámica laboral son los jóvenes de hasta 29 años, donde el 58,7% se encuentra en la informalidad, mientras que el índice llega al 36,5% en la franja etaria de 30-64 años y entre los ocupados de más de e65 años el dato refleja que casi la mitad son informales.

También, el informe muestra que la tasa de informalidad es mayor en mujeres que en varones, con un índice del 43,3% y 40,9%, respectivamente.

Se perdieron más de 120.000 empleos en el gobierno de Javier Milei

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destacó que de los 124.010 empleos perdidos en la era Milei, 62.351 pertenecen a la construcción. El parate de la obra pública y las subas de los costos en dólares golpearon de lleno al rubro, que explica más del 50% de la merma del mercado laboral.

Por otra parte, la industria, que genera casi el 20% del total de los puestos, se posicionó como la segunda actividad económica que más sufrió la retracción en términos de trabajo. Según el análisis de CEPA, se extinguieron 27.676 empleos, una retracción de 2,3%.

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