El Gobierno nacional publicó una resolución en el Boletín Oficial que estableció que se podrán asignar unidades retributivas adicionales a los funcionarios a cargo de las diferentes áreas que hayan reducido personal.
Política26/03/2025
La medida generó una fuerte respuesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los dos gremios de la administración pública nacional, que llamó a un paro y movilización para este jueves.
“No nos sonroja”, dijeron desde el Poder Ejecutivo a modo de defensa de la iniciativa. La resolución, publicada este miércoles, sostiene en su artículo 5°: “Podrán asignarse unidades retributivas adicionales a las autoridades superiores incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores” en “función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva Jurisdicción, previa intervención de la Secretaria de Transformación del Estado y función pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía”.
El valor de la Unidad Retributiva (UR) en diciembre fue de $783, según la Base Integrada de Empleo Público (BIEP). A modo de ejemplo: en la Secretaría de Trabajo la dotación de empleados en 2023 era de 3600 y actualmente es de 2900. Es decir, hubo 700 bajas. A partir de esta cifra, y tomando un salario promedio del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), que es de $1.200.000, el organismo recibiría más de 64.000 UR adicionales. Sería el equivalente a casi $52 millones para repartir entre las autoridades superiores, según cálculos que hicieron dirigentes sindicales de la secretaría, a cargo hoy de Julio Cordero y bajo la órbita de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.
“La medida es parte de la estrategia de racionalización del gasto público. Los ministros y secretarios de Estado no pueden recibir unidades retributivas; sus salarios siguen congelados desde diciembre de 2023. Las UR son un régimen ya existente que permite premiar a los empleados públicos por su productividad, iniciativas o méritos relevantes en su desempeño. La decisión administrativa establece un sistema objetivo para determinar la cantidad de UR que tiene disponible cada Ministerio para repartir entre sus empleados. Los criterios son: estructura, cantidad de trabajadores. Antes de la medida, la cantidad se determinada de forma discrecional. A su vez, se tiene en cuenta en la cantidad de UR recibidas por Ministerio la eficiencia lograda en la estrategia del Gobierno de promover la reducción del gasto público para que crezca la economía en base al superávit fiscal.”, explicaron fuentes oficiales.
La normativa se oficializó en medio de un clima de tensión e incertidumbre en la administración pública. Al finalizar este mes se espera una baja de contratos, lo que incrementaría las unidades que cada funcionario responsable recibiría. “El 31 de marzo vencen 50.000 contratos y el sindicato exige su renovación automática. Luego de publicarse la Decisión Administrativa 7/25 de la Jefatura de Gabinetes podrán asignarse unidades retributivas adicionales en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva Jurisdicción”, dijeron desde ATE, que ratificó para este jueves la huelga sectorial con movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, sostuvo: “Esto es una escandalosa decisión del Gobierno, le están pagando a algunos funcionarios para hacer el trabajo sucio de destruir el Estado. Es un Gobierno de mercenarios. Hasta en el sector privado los premios son por productividad, no por despedir empleados”.
Desde las filas del oficialismo defendieron la medida con el argumento del “ajuste”. Desde el Gobierno, señalaron: “Las unidades se distribuyen en función de los objetivos de cada cartera y entre los objetivos está el ajuste. Es uno de los puntos, uno de los parámetros que deben alcanzar”. Agregaron también que por eso es el “reconocimiento” y que no los sonroja decir que hay gente que se beneficia por el despido de otros. “Reducir el tamaño del Estado es uno de los principales objetivos que nos trazamos y en eso estamos”, se jactaron desde la Casa Rosada.
Para ATE se trata “de un desvío de fondos en detrimento del pueblo, ya que el supuesto ahorro que busca generar el Gobierno con los despidos ilegales irá a parar al bolsillo de funcionarios de segunda o tercera línea hasta alcanzar la remuneración de ministro”. Desde el Gobierno descartaron esta versión de plano aludiendo que el ahorro por los sueldos no es equiparable a la distribución de las unidades.
La Nación
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