Un alambrado de 200 metros se erigió en un faro que ilumina un escenario que estaba totalmente fuera de control, según observó el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Opinión29/01/2025
La cerca, cuya construcción demandará unos 70 días, se levantará en “el punto más álgido de entrada de cocaína del país”.
Desde que se anunció la medida dispuesta por la cartera que conduce Patricia Bullrich la situación de la frontera de Salta con Bolivia fue motivo de análisis y generó opiniones variadas, además de la advertencia del gobierno del vecino del país en orden a que se “está echando bajo tierra la integración”. El protagonismo de la Provincia es excluyente, desde el momento en que esta decisión se inscribe en el Plan Güemes, la estrategia desplegada para combatir el narcotráfico de manera conjunta entre ambos estados.
Cuando al cierre de la semana pasada el ministerio nacional anunció la decisión, la planteó como “clave para frenar los pasos ilegales que permiten el contrabando y el ingreso de estupefacientes”. De inmediato se conoció el acompañamiento del gobierno salteño, tratándose de una intervención en su territorio para alcanzar el objetivo de combatir el narcotráfico. No demoró la reacción de Bolivia, que a través de su vocería hizo conocer su preocupación, considerando que la medida “vulnera principios de derecho internacional público y particularmente las relaciones de buena vecindad entre estados hermanos”.
La cerca es solo la expresión de una cuestión muy compleja, que no se limita a la seguridad por el accionar de bandas del crimen organizado sino que impacta en la vinculación que tiene Salta con el vecino país, geopolíticamente muy importante. El comercio de frontera, distorsionado por la falta de control del gobierno nacional, tiene una dinámica intensa que refleja las medidas macroeconómicas que se adoptan a ambos lados del límite y configuran la situación social de comunidades muy interrelacionadas. En ese marco debe inscribirse la queja de los comerciantes del departamento de Orán, que insisten en que el Plan Güemes es demasiado pequeño para frenar el comercio ilegal. El titular de la cámara que los reúne hizo notar que más de 3.000 familias se dedican a esta actividad y una cerca solo los obligará a buscar nuevos pasos para el contrabando.
Otro ejemplo de esos vínculos es la decisión del gobierno de Gustavo Sáenz de arancelar la atención médica a extranjeros no residentes. El resultado visualiza el volumen de la prestaciones que se realizaban a costa del presupuesto provincial; se ha incorporado medio centenar de unidades al parque de ambulancias, cuya compra se financió con recursos liberados por esa medida.
La obra en cuestión son 200 metros de alambrado de dos metros y medio de altura, que se construirá entre la Terminal y las instalaciones de Aduana y Migraciones que operan en la localidad de Aguas Blancas. Hubo opiniones críticas de aquellos que compararon la cerca con el muro entre Estados Unidos y México para frenar el flujo migratorio pero también están los que observan que la frontera que se debe cuidar supera los 700 kilómetros, por lo que se trata de “una acción simbólica sin relevancia efectiva”, como señaló un ex mandatario de Salta.
El gobernador Sáenz ratificó enfáticamente lo que se viene actuando hasta el momento porque se trata del combate al contrabando y sobre todas las cosas el narcotráfico. Destacó que es una medida de protección para todo el país, que no responde a una cuestión política y reivindicó la autonomía de la Provincia al advertir que no debe pedir permiso para hacer algo en su suelo. Su pronunciamiento en orden a que “la defensa de nuestra frontera no se negocia", fue acompañado por el presidente Javier Milei, quien respaldó la construcción del polémico alambrado
Sólo queda preservar que no se resienta la relación con Bolivia, por cuyo territorio la localidad salteña de Los Toldos se vincula al país al que pertenece.
Salta, 29 de enero de 2025
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