En plena temporada, se desató un debate político alrededor del turismo. Encuentra resistencia la decisión del gobierno nacional de prorrogar un impuesto que financia la promoción de la actividad.
Opinión08/01/2025
A días de su caducidad, el presidente Javier Milei dispuso mediante un decreto de necesidad y urgencia la extensión hasta el 31 de diciembre de 2027 del impuesto del 7% sobre los pasajes al exterior, salvo a países limítrofes. La medida se remite a los objetivos que propone la Ley Nacional de Turismo, sancionada en 2005, para asegurar el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad turística. Dicha norma establece mecanismos para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la actividad. En ese marco se constituyó el Fondo Nacional de Turismo, que se financia con el impuesto nuevamente prorrogado.
La decisión fue cuestionada por parte de la oposición política pese a que favorece al turismo interno por varios aspectos, especialmente por la promoción nacional e internacional que se realiza con recursos de este fondo. Es el área que facilita la presencia de la Argentina en eventos que sirven para atraer visitantes de distintos puntos del mundo, como ocurrirá la próxima semana en la Feria de Turismo de Madrid, en el que el país participará con un stand que mostrará a Salta entre otros destinos turísticos. Tal circunstancia fue destacada por Gustavo Dimecola, titular de la cámara que agrupa a todos los sectores vinculados a la actividad en la provincia, quien destacó la incertidumbre que rodea la actual temporada, como consecuencia incluso de factores externos.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, lo recaudado por este impuesto representa el 0,05% del PBI. Es una cifra importante ya que el año pasado se recaudaron casi 200 mil millones de pesos y el 60% de ese monto se destinó a financiar el Fondo Nacional de Turismo. Algunas críticas apuntaron a que se aumenten impuestos para financiar campañas turísticas cuando se debería reducir la complejidad fiscal.
La principal objeción, sin embargo, es de carácter constitucional en virtud que el Poder Ejecutivo tiene vedado dictar decretos en materia tributaria. En ello se fundamenta el proyecto de resolución que el bloque de la Coalición Cívica y la diputada Margarita Stolbizer, de Encuentro Nacional, presentaron en la tarde del martes para declarar “nulo de nulidad absoluta” el decreto 4/2025, que extiende la vigencia del cuestionado impuesto. No es a costa de las instituciones como se crece ni se enfrentan los problemas económicos y sociales; es con las instituciones y respetando la Constitución Nacional, señalaron en sus fundamentos.
Los cuestionamientos también tienen un sesgo político propio de un año electoral, ya que atiende a que se trata de una caja cuyo manejo queda en manos del Ejecutivo nacional; además, la decisión contradice el compromiso del presidente libertario de reducir impuestos durante su gestión. A esos reparos se suman las manifestaciones de empresas que manejan el turismo emisor.
En Salta, uno de los puntos turísticos nacionales más importantes, hay preocupación y mucha incertidumbre. Se viene de un año en el que hubo un decaimiento de la actividad como resultado de medidas macroeconómicas y un contexto externo desfavorable. El turismo representa el 10% del PBI provincial y es una política de estado que se ha afirmado a través de varias gestiones en las últimas cuatro décadas.
Pese a estas consideraciones, no hay dudas de que se debe preservar la institucionalidad y desde allí buscar los mecanismos adecuados para no resentir a los sectores que contribuyen al crecimiento del país.
Salta, 08 de enero de 2025
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