
Usando un sello con el nombre de un médico del hospital local y realizando una falsa firma del profesional, confeccionaron certificados médicos y completaron formularios apócrifos para trámites, a cambio de dinero.
Las penas recayeron sobre el transportista, su acompañante, otro que sujeto que hacía de “coche puntero” durante la operación y al gestor de vehículos de la banda.
Judiciales09/12/2024El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó el martes pasado a cuatro hombres por el transporte de 418 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cemento a penas de entre 7 años de prisión y 9 años y 6 meses de prisión. La operación había sido desbaratada en noviembre de 2023 a partir de una investigación del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.
El juez Domingo Batule -quien presidió el cuerpo- y las vocales Gabriela Catalano y Alejandra Cataldi consideraron a los cuatro condenados responsables del delito de transporte de estupefacientes, agravado por el número de participantes, en el final de un extenso debate desarrollado entre septiembre y noviembre pasados.
El chofer del camión, Santos Pascual Yufra, y el gestor de los vehículos que utilizaban esta y otras organizaciones dedicadas al narcotráfico, David Liquitaya Choque, recibieron la pena de 9 años y 6 meses de prisión en calidad de coautor y partícipe necesario, respectivamente.
El acompañante del transportista, Fernando Ariel Ramírez, fue condenado a 7 años de prisión, mientras que Darío Ezequiel Giménez, quien durante la operación conducía un vehículo “puntero” para advertir sobre posibles controles, recibió una pena de 8 años y 6 meses de prisión. Ambos fueron considerados coautores de aquellos delitos.
La acusada Matilde Ayala, pareja de Yufra, resultó absuelta.
A pedido del Ministerio Público Fiscal, el tribunal hizo lugar al decomiso de un camión Volvo, tipo tractor de carretera, de un semirremolque tolva y de siete teléfonos celulares. En cuanto al resto de los vehículos secuestrados, desde la fiscalía se informó que están en proceso de decomiso.
La sentencia respondió al requerimiento el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, en el marco de una investigación que inició dos meses antes de la desarticulación de esa organización narcocriminal, que operaba a nivel trasnacional.
Para la fiscalía, el caso reflejó la modalidad de adquisición de la droga en Bolivia, su paso a la Argentina y luego a otros mercados internacionales, y también dejó a la vista el manejo de fondos para solventar una operación de tráfico de envergadura, como el ingreso de las ganancias y las maniobras financieras dirigidas al “blanqueo” de ese dinero.
El MPF marcó que esta investigación tiene conexión con otra que la PROCUNAR NOA y la Unidad Fiscal de Jujuy llevan adelante sobre lavado de activos desplegado por un clan familiar que operaba en esa provincia, con la cual estaban conectados los cuatro condenados.
Usando un sello con el nombre de un médico del hospital local y realizando una falsa firma del profesional, confeccionaron certificados médicos y completaron formularios apócrifos para trámites, a cambio de dinero.
La Corte Suprema envió el monto actualizado al Tribunal Oral Federal 2. Si no pagan en 10 días hábiles, se avanzará con la subasta de bienes de los condenados.
El objetivo es el intercambio de información técnica, experiencias y buenas prácticas en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos. Se realizó en el marco de una jornada federal sobre drogas sintéticas.
La resolución del juez Ernesto Kreplak alcanza a directivos de empresas, directores técnicos y sociedades vinculadas a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.
Un reciente fallo judicial en Tucumán otorgó una compensación económica a una concubina tras el fallecimiento de su pareja, un precedente significativo.
El diputado Emiliano Estrada denunció una persecución política en su contra y criticó la fragmentación judicial en su causa y por la cual se pidió su desafuero.
El director del INTI Salta, destacó el respaldo de más de 200 cámaras industriales y 1000 pymes a la labor del instituto, y explicó cómo se trabaja a demanda de los gobiernos y entes provinciales, sin fines de lucro.
Sergio Camacho, a cargo de Enlace y Relaciones Políticas, afirmó que el gobernador aún no definió alianzas, aunque se afirme en off.
El titular de ADP, Fernando Mazzone, advirtió que no descarta un paro docente si el Gobierno no mejora la oferta salarial tras las vacaciones.
La decisión fue comunicada por carta documento y afecta a pacientes y trabajadores de Tisec S.R.L., la empresa prestadora. Denuncian que no hubo comunicación previa ni plan alternativo para la atención de los beneficiarios.
Trabajadores del Hospital Militar convocan a una movilización el próximo lunes 14, en rechazo a la decisión de cerrar el centro de salud, lo que dejaría a 100 empleados sin trabajo y a miles de jubilados sin atención médica.