La iniciativa, que es un esfuerzo coordinado entre Nación y Provincia, tiene como objetivo principal intensificar la lucha contra el narcotráfico en esa parte del territorio argentino pero se entiende que se va a atender tanto la seguridad como la economía en una de las regiones más vulnerables del país. No se trata solo de resolver un problema del comercio fronterizo, atravesado por la informalidad, sino contener a empresas y trabajadores que padecen las consecuencias de lo que a todas luces es un abandono del Estado de una responsabilidad indelegable, como es el cuidado de la frontera.
A fin de cumplir con el cometido del lanzamiento, hasta la localidad oranense de Aguas Blancas llegaron el Gobernador Gustavo Sáenz y la Ministra de Seguridad de la Nación, casi repitiendo un cuadro presentado en abril de 2019, cuando con toda la pompa se puso en marcha el plan Fronteras Seguras en Orán y Aguas. Al igual que en esta oportunidad, Patricia Bullrich era la titular de esa cartera y el Ejecutivo salteño estaba en manos de Juan Manuel Urtubey. De ese emprendimiento quedan un compendio de errores que no se deben repetir.
Cinco años atrás se puso en marcha el Sistema de Vigilancia Inteligente de Fronteras en Aguas Blancas, y la nueva infraestructura del Paso Internacional Puerto Chalanas. Además, se habilitó el régimen simplificado de importación, exclusivo para esa zona de frontera con la pretensión, si resultaba exitoso, repetirlo en áreas similares. Ese punto visibiliza una cuestión nodal, que no se resolvió entonces y se impone en esta oportunidad.
Se trata de los llamados bagayeros, que es la masa laboral más significativa en el municipio intervenido recientemente. Forman parte de la actividad de comercialización de mercadería en pequeña escala, que con el régimen simplificado que se pretendió imponer en 2019, iban a ser reconocidos como importadores amparados legalmente y reconocidos por el Estado Nacional. Además de ordenar esa actividad se buscó diferenciar a quienes movilizaban mercadería legal con “aquellos mercaderes de la muerte que entran y están vinculados al narcotráfico, pero que se terminan confundiendo con verdaderos trabajadores sociales”, había dicho Urtubey. El régimen establecía el tope de 12 mil dólares para importar, llevó el límite de operaciones a 24 mensuales, con un máximo de una por día y un tope diario de 500 dólares.
No fue una solución porque los supuestos beneficiarios no aceptaron esas obligaciones, porque se manifestaron como pasadores y no como quienes realizaban las operaciones. El panorama no cambió y en estos últimos tiempos, como resultado de las políticas macroeconómicas del gobierno libertario, profundizó sus trazos más negativos. Autoridades y empresarios de Orán y San Martín han denunciado una caída muy brusca del comercio local, con impacto territorial más amplio porque afecta a la Capital y a las vecinas Jujuy y Tucumán.
De allí la expectativa de una política que esta vez pareciera que va a ser más efectiva porque se amplió el número de efectivos de fuerzas federales de seguridad, incluso con la presencia de la Prefectura Naval para controlar efectivamente el río Bermejo. De todas maneras, si no se aplica una política de desarrollo económico que genere riquezas y fuentes genuinas de trabajo, no habrá una solución a un entramado de gran porosidad que caracteriza el vínculo entre la Argentina y sus vecinos.
Comienza otra etapa y se debe esperar que realmente sea el hecho histórico que siempre se marca y todavía no llega.
Salta, 09 de diciembre de 2024
