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En otras circunstancias hubiese sido un dato normal en la relación entre dos poderes del Estado, atendiendo a que la convocatoria es una facultad del Ejecutivo Nacional. No resulta así en este caso porque entre ambos se ha planteado una relación de extrema tensión y con algunos ribetes oscuros, respecto de cómo el gobierno de La Libertad avanza ha podido resolver su debilidad parlamentaria para lograr las leyes que le importaban, además de anular la iniciativa legislativa de los distintos sectores políticos, que no se adecuaban a sus intereses.

No sólo la convocatoria es importante sino también el temario, fuera del cual no se pueden introducir otras cuestiones. La información oficial precisa que incluye la eliminación de las PASO; la ley antimafia; el juicio en ausencia y la limitación de los fueros. No sorprende ese listado pero sí que se haya excluido a la llamada “ley de leyes”, dejando al arbitrio del Presidente de la Nación el manejo de total de recursos que se expresan en billones de pesos.

La dilación en el trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para llegar al dictamen que habilite su tratamiento en el recinto de Diputados, la cámara de origen, mostró un intencional desaprovechamiento del tiempo disponible para un análisis profundo de la propuesta que ingresó ochenta días atrás. La razón se centró en la negativa a aceptar cambios que pudiesen alterar el objetivo del déficit cero pero también se observó el apego a gobernar según una sola voluntad, dejando de lado que administra una República.

Precisamente,  el presupuesto es un instrumento de planificación y de política económica que determina el nivel de recursos fiscales y de gastos del Estado Nacional. En él se establecen los ingresos que recibirá el Gobierno y cómo se aplicarán para satisfacer las necesidades de la población. El cálculo original es realizado por el Ejecutivo y en su paso por las Cámaras legislativas se ajusta conforme a las demandas que se transmiten a través de los legisladores, en su función de representantes del pueblo y de las provincias y de control de las acciones de la Presidencia.  

Esa intervención es la que se pretende eludir y lo ha confirmado el propio Ministro de Economía. Desde Montevideo, donde participa de una reunión de pares del Mercosur, Luis Caputo dijo en declaraciones periodísticas que “no vale la pena” discutir el Presupuesto si se pone en tensión el equilibrio fiscal. Vale destacar que el funcionario conoce que las medidas excepcionales -como la adoptada en este ejercicio fiscal de prórroga del presupuesto 2023- no son saludables desde el punto de vista institucional. El sistema normativo, partiendo de la Constitución Nacional, ordena aprobar el Presupuesto  pero si es a costa de arriesgar el ancla fiscal, que es lo más importante en el modelo libertario, “no vale la pena”, enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda, flexibilizando normas que debieran ser rígidas.

No se discute la importancia del equilibrio fiscal  ni se trata de aceptar que se programen gastos sin cobertura. Sí se debe reclamar que se cumplan las normas que han sido establecidas para  sostener el orden, la transparencia y la equidad en el reparto de fondos que se recaudan al solo fin de la prestación de servicios esenciales. 

No hay antecedentes que se pueda prorrogar por segunda vez el último presupuesto aprobado; sí existe una larga historia de dominio de 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires  mediante la política del látigo y la billetera.

Los resultados están a la vista y no son buenos.

Salta, 06 de diciembre de 2024