Obligación

Contiene lo prioritario buscando consolidar la sostenibilidad económica de la provincia en un marco atípico para este tipo de situaciones.

Se trata de una apuesta fuerte que se realiza ante la confirmación que desde la administración nacional no hay ningún tipo de consideración por el destino de las provincias. Algunas están muy comprometidas precisamente por el incumplimiento de acuerdos y programas por parte de Nación, incluso convenios alcanzados meses atrás con la actual gestión libertaria.  

Las nuevas reglas se fueron conociendo en la práctica y obligó a que cada gestión se adecue a tener mayores responsabilidades con menores recursos. El ministro salteño de Economía y Servicios Públicos las asumió como desafíos importantes que forzosamente se deben encarar, partiendo de una proyección macrofiscal que prevé un crecimiento del PBI del 5% y una inflación del 18,3%, para el próximo año. Roberto Dib Ashur no tiene certidumbre sobre el cumplimiento de esos parámetros y aún suponiendo que la realidad puede ser distinta, son las únicas señales que se encontró para armar el presupuesto local. “Sin un presupuesto nacional aprobado, la gobernabilidad y el control se complican", dijo en declaraciones periodísticas.

Así se entendió en el ámbito legislativo. El diputado oficialista Luis Albeza destacó que el Presupuesto ordena las cuentas públicas y particularmente en circunstancias como las actuales, se debe se debe buscar orden, certidumbre y previsibilidad. En ese punto marcó que la administración de Javier Milei, que suspendió la remisión de partidas tapándolas con el manto de la sospecha sobre su pertinencia y manejo, ha mostrado una alta discrecionalidad y poca información. Hay muy poca transparencia en la disponibilidad de partidas cuyo destino se ignora porque le puso un cepo a la información pública y tras la  prédica de la reducción del déficit, sustrajo recursos de las áreas de Educación y Salud  de las Provincias.

Junto a Seguridad son las áreas prioritarias del gobierno provincial y son preservadas en el presupuesto proyectado; concentran el 85% de los recursos previstos en el esquema de ingresos y gastos, aunque se seguirá manteniendo una fuerte inversión en obras de agua, saneamiento y de infraestructura urbana. Para cumplir ese objetivo será fundamental el trabajo con organismos financieros internacionales como el BID, Fonplata, Banco Mundial y CAF, aunque la coparticipación nacional sigue siendo el principal origen de fondos.

Mientras los miembros del gabinete realizan el trabajo de estimar las fuentes de ingreso asegurar una distribución equitativa en cada punto del territorio salteño, el gobernador sigue en la tediosa labor de asegurar interlocutores en el Ejecutivo nacional, a los que se les recuerda los compromisos ya asumidos pero incumplidos. En pos de esos logros, se evitaron los frentes comunes por región o sector político pero por estas horas está casi probado que tampoco fue conducente la bilateralidad. 

Abandonar la puja ya no es una opción. La fuerza de los hechos empuja a que se agoten los recursos para recuperar lo que es propio, como la asignación específica del 2,55 del impuesto a los combustibles que se destinaba a obra y a un fondo compensador  del transporte. Los gobernadores también deben reclamar que se reponga en la masa coparticipable la compensación prevista en el Pacto Fiscal del 2017 y que se distribuyan los Aportes del Tesoro Nacional no utilizados.

La conveniencia, la razonabilidad y la propia institucionalidad exigen que Provincias y Nación cierren el año con sus respectivos presupuestos. Y esa obligación debe ser innegociable.

Salta, 26 de noviembre de 2024