Los procedimientos continúan realizándose en distintos lugares del país. Hay otras nueve personas implicadas con pedido de detención. Se utilizó durante 60 días la figura del “Agente Encubierto Digital” para la tarea investigativa.
Judiciales13/11/2024
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a un hombre por el delito de explotación y organización de juegos de azar ilegales
Durante la audiencia, el acusado, que fue detenido ayer en Salta el marco de un operativo que se lleva a cabo en distintas localidades del país, fue asistido por un defensor oficial y se abstuvo de declarar. Tampoco aceptó responder preguntas de la Fiscalía. Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Garantías 7, el mantenimiento de la prisión.
La fiscalía especializada en Delitos Económicos Complejos investiga una red de apuestas virtuales sin autorización que involucra a captadores de apostadores en redes sociales y personas que actúan de “cajeros” en distintas provincias.
La investigación inició con la denuncia del del asesor Jurídico del Ente Regulador del Juego de Azar (EN.RE.JA.), quien aseguró que una mujer promocionaba por medios masivos de comunicación su red de captación de apuestas y vendedores para un casino virtual ilegal. A partir de allí y durante varios meses, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, bajo la dirección de Salinas Odorisio, realizaron trabajos de campo en distintas provincias y llevaron a cabo intervenciones telefónicas a los sospechosos durante 15 días.
Además, se utilizó durante 60 días la figura del “Agente Encubierto Digital” en medios de comunicación informáticas y juegos en línea a fin de simular interés en los “casinos online”. Ello brindó a los investigadores herramientas y datos concretos que posibilitaron conocer con cierto grado de certeza la operatoria desplegada por los sospechosos en nuestra ciudad y en el interior del país.
Además de los allanamientos, que aún continúan en todo el país, entre las medidas dispuestas, se encuentran la inmovilización de 253 cuentas bancarias pertenecientes a los acusados; se requirió -a través de la Secretaria de Modernización de Salta- el bloqueo de todos los sitios web desde los establecimientos educativos de la provincia, donde los mismos operaban.
Asimismo, Salinas Odorisio pidió la prohibición de salida del país para los ocho principales implicados en esta organización criminal.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
Si bien fue encontrado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le aplicó una pena de tres años de ejecución condicional.
Un día después de que la legislatura avanzara con la intervención por el escandaloso robo y contrabando de rieles, el Intendente de Morillo irá a juicio por peculado.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
El Ministerio Público estableció las fechas y horarios estableciendo turnos y organización para las diferentes áreas judiciales.
Fueron imputados tres hombres detenidos como sospechosos de haber tenido participación en el hecho ocurrido durante la noche del viernes en la zona oeste de la ciudad. Se abstuvieron de declarar.
Aseguran que el proyecto de ley permitirá que la justicia actúe con independencia frente a denuncias y causas judiciales, fomentando una mayor transparencia en los cargos públicos.
Ayer martes la Legislatura provincial aprobó la intervención del municipio, cuyo intendente Atta Gerala enfrenta una investigación judicial por robo y contrabando.
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La entidad expuso la necesidad de trabajar “codo a codo” con el ministro de Salud, Federico Mangione, para implementar un plan de salud “serio”.
Los ediles dieron visto bueno al convenio celebrado entre la Municipalidad y las firmas La Lucinda S.A. y Santa María del Carmen S.A. Se trata de 868 hectáreas que serán destinadas a parques naturales, desarrollos inmobiliarios y una playa de transferencia.