Está vigente desde hace casi cinco años y no se han modificado las consideraciones que dan razón a esta decisión.
La medida se adopta cada año y el tiempo transcurrido no ha modificado positivamente la situación. Se reitera que se efectuaron considerables esfuerzos tendientes a mitigar la situación crítica que atraviesa la población afectada, se reconoce que se pudo morigerar algunos efectos, pero se insiste en que resulta necesario continuar trabajando con el fin de alcanzar los objetivos tendientes a brindar soluciones definitivas en los departamentos del norte.
La diferencia es que hay nuevos elementos que debieran considerarse como parte de la crisis sociosanitaria, aunque específicamente no fueron los que han motivado el Decreto de Necesidad y Urgencia 1420, emitido en enero de 2020. Apenas habían transcurrido unas decenas de días desde la asunción del gobernador Gustavo Sáenz, cuando el fallecimiento de niños de la comunidad Wichí por desnutrición y deshidratación, obligaron a establecer esta medida excepcional para enfrentar la situación. Dicho DNU fue afirmado por la la Ley 8185, que desde entonces tuvo sucesivas prórrogas hasta la que tiene ahora tratamiento legislativo. La última fue dispuesta por decreto de mayo pasado
Si bien en el marco de esta emergencia las medidas apuntan a mejorar la provisión de agua segura y ampliar la atención alimentaria de la población, hay otras cuestiones que dan cuenta que la presencia del gobierno debe intensificarse en esa área del territorio.
Una de ellas es la que trató en reunión la Coordinación del Gabinete, que se ocupó de sucesos registrados en Alto La Sierra, una pequeña localidad del departamento Rivadavia. Gran parte de su población de 800 habitantes son originarios, que mantienen prácticas ancestrales para su sobrevivencia, aunque también hay algunas experiencias de desarrollo agroforestal.
En estos últimos días se registra una fuerte tensión entre wichis y criollos, que alienta incluso la comisión de actos de justicia por mano propia. En la zona está pendiente de ejecución la urbanización y delimitación de las tierras, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se conoce como Lhaka Honhat. El Estado argentino y el provincial deben llevar adelante la tarea y su demora genera problemas que se facilitan por un mayor decaimiento de la calidad de vida de los originarios, víctimas de adicciones que si bien son denunciadas no tienen un política de atención integral. Se suma a ello los problemas de infraestructura, especialmente de conectividad que conducen al aislamiento de las comunidades. La cercanía de la temporada de lluvias y desbordes de los ríos de la región están provocando cortes de rutas llamando la atención de los gobernantes.
Fueron los temas tratados en la reunión del ministro Coordinador y de Infraestructura, Sergio Camacho; el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón y legisladores del departamento Rivadavia, el senador Mashur Lapad y los diputados Moisés Balderrama y Rogelio Segundo. En principio, se dispuso el reforzamiento del servicio de seguridad ciudadana con mayor presencia policial, que fue considerado lo más urgente.
Ha emergido la punta de un iceberg y muestra el estado de emergencia de una población que a todas luces padece profundas carencias, cuyas verdaderas raíces deben determinarse. Todo indica que la situación es más compleja que el abandono secular de la población originaria y su demanda de políticas eficaces no deja escapatorias.
Salta, 11 de noviembre de 2024
