Este lunes, provincias norteñas conducidas por mandatarios de raigambre peronista negociarán recursos a cambio de apoyo parlamentario.
La debilidad legislativa del gobierno de la Libertad Avanza nuevamente obliga a encuentros donde se intercambian beneficios, al margen del escenario donde se lleva adelante el debate político y se acuerdan las normas de una relación que a todas luces exige cambios de fondo. En un sistema presidencialista como el que ordena la vida institucional del país, el titular del Ejecutivo tiene una franja de poder que anualmente se consolida con la cesión de facultades extraordinarias que realiza el Congreso a través de la ley de presupuesto.
En el caso del proyecto para el ejercicio fiscal 2025 no están dadas las mismas condiciones que favorecieron a los antecesores de Javier Milei. El del próximo año será el primer presupuesto propio, teniendo en cuenta que el actual es prórroga del que ordenó gastos e ingresos del último año de la gestión kirchnerista y no va a tener en el recinto la misma consideración. Una minoría oficialista no es precisamente lo que va a permitir mantener situaciones de excepción, aún en un marco de emergencia como el que establece la ley de bases.
Uno de los factores que darán lugar a un punto alto de debate es el destino del superávit que es el objetivo de máxima que la política libertaria persigue. En anteriores administraciones se dejaba la decisión al arbitrio del Ejecutivo, resignando el Poder Legislativo una facultad que le es propia, de marcar el destino de cada partida contenida en el presupuesto. Esa discrecionalidad quedará totalmente acotada si no se acuerda, por ejemplo, en una discusión política paralela a la parlamentaria.
Esa es una de las cartas que van a jugar los gobernadores que tienen diálogo con el Presidente de la Nación o sus representantes. Es lo que sugirió el Ministro de Gobierno de la Provincia, cuando informó sobre los temas que le importa tratar al gobernador Gustavo Sáenz en un encuentro convocado para este lunes en la Residencia de Olivos.
Los voceros del oficialismo nacional dejaron trascender el interés por acordar con los mandatarios provinciales que concurrirán, quienes pertenecen a provincias del Norte Grande y tienen una ascendencia peronista o son referentes de ese sector político, de la línea dialoguista. Son los gobernadores de Misiones, Catamarca y Tucumán, además del salteño. Tienen en común la demanda de obras públicas que no avanzan por el incumplimiento del gobierno de La Libertad Avanza de convenios firmados desde mediados de año.
Es una práctica dentro de esta relación que se formalicen acuerdos que en todos los casos comprometen partidas para la ejecución de obras a cargo de la Nación o de las provincias, que expresan su voluntad de hacerse cargo en tanto se remitan los fondos que corresponden. A cambio, un gobierno políticamente endeble logra apoyo para sus objetivos, como ocurrió con las principales leyes aprobadas y los vetos impuestos a iniciativas que el oficialismo consideró inconvenientes.
El presupuesto nacional 2025 será una prueba de fuego para un estilo de gobierno que se debe sostener, por lo menos, hasta la próxima renovación legislativa. Los gobernadores deben probar su propio poder para lograr que los acuerdos se reflejen en esa ley y el Presidente asumir que el único camino para asegurar la gobernabilidad es la política.
Salta, 21 de octubre de 2024
