Los jubilados están hoy de celebración; es su día. Pero este año -como muchos otros en el último medio siglo por lo menos- no tienen razones para festejos pero sí para una lucha, que no debe ser sectorial sino general.
Opinión20/09/2024
El Día del Jubilado ha sido instituido en conmemoración de la sanción en 1904 de la ley 4.349, que creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. Por entonces era presidente una de las figuras políticas inspiradoras del libertario Javier Milei, Julio Argentino Roca, quien reconoció la necesidad de proteger a los empleados públicos que se retiraban laboralmente debido a la edad avanzada. Empezó como un beneficio a trabajadores del Estado nacional pero sentó las bases para el sistema de seguridad social del país, sometido hoy a una profunda crisis.
La situación de ese sistema fue repasado prolijamente en las comisiones de trabajo de ambas cámaras del Congreso, cuando se abocaron al tratamiento de la ley de bases primero y la de movilidad jubilatoria luego. Empinados especialistas aportaron datos e interpretaciones de los mismos y dieron fundamentos a las sanciones; en sentido contrario, quitaron razonabilidad al veto presidencial a la norma que intentó mejorar los ingresos de los jubilados.
Ese fue uno de los motivos que llevó al Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires a efectuar un planteo de inconstitucionalidad contra la decisión del presidente Milei a la reforma de la ley de movilidad jubilatoria. Una jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, escribirá otra página de esta historia y el propio Eugenio Semino está promoviendo que se formalicen planteos similares en todo el país. Es que a su juicio, el 30% del ahorro del gasto público -que muestra como logro el gobierno de La Libertad Avanza- proviene de la Seguridad Social, lo que implica que los jubilados y pensionados están recibiendo menos de lo que les corresponde. Ello lo llevó a la convicción que la política de ajuste aplicada por el gobierno libertario es regresiva, viola tratados internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos para las personas mayores y se paga “con la vida de las personas mayores".
Argentina tiene un sistema previsional con un esquema razonable, comparado con el resto del mundo, por cuanto se plantea que una jubilación debe implicar una tasa de sustitución promedio del 45% del PIB per cápita, sin contar regímenes especiales con valores más altos, según las estimaciones de Manuel Mera, director de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. También tiene una alta cobertura, de más del 95 por ciento, que se alcanza gracias a moratorias, que saltean una exigencia muy alta de 30 años de aportes.
Sobre esos datos se explican dificultades que las medidas legislativas no resuelven porque habitualmente son remiendos a un tejido deteriorado. El monto que es punto de partida del ingreso de un jubilado sufre progresivamente el impacto inflacionario y los ajustes por su monto y periodicidad no reparan el desgaste.
También influye la caída de aportantes al sistema, por la fuerte evasión consecuente con un creciente trabajo en negro; la media de 4 activos por un pasivo se resiente en un país que no registra incremento de fuentes de trabajo. Otro factor es el uso discrecional que los gobiernos hacen de la caja del sistema, como son las moratorias, que en 2023 permitió que el 81 % de las personas dadas de alta como jubilados fuera por vía de esa excepción.
Como los sucesivos presidentes, Javier Milei no se sustrajo de la tentación de poner mano al salario de los jubilatorios pero no lo hizo por ley, como sus antecesores, sino por un Decreto de Necesidad y Urgencia, que actualiza el monto por inflación pero a partir de marzo, dejando afuera el efecto de casi 40% de registro de diciembre a febrero y una devaluación del 20%, con la que arrancó su gestión económica. Con la mayoría de jubilados bajo la línea de pobreza, la faena se completó con recortes en subsidios a los medicamentos, la electricidad, el gas, que les generan privaciones y un deterioro de la calidad de vida, según advierte el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina.
Desde distintos sectores se demandan soluciones de fondo, que sean más equitativas y más sostenibles fiscalmente. Especialmente se requiere una política económica que genere crecimiento.
En tanto, pareciera que no hay nada para celebrar, excepto la sabiduría de los viejos que saben que no hay mal que dure cien años.
Salta, 20 de setiembre de 2024
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.
Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.
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